Tanto senadores como la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se manifestaron ayer por suprimir de la Constitución la figura del arraigo.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACNUDH, aseveró que no se puede mantener el arraigo que vulnera derechos, argumentando que es un instrumento de combate al crimen organizado, porque esa figura se utiliza para torturar a los detenidos y violar a las mujeres arraigadas.

Al participar en el foro Reforma penitenciaria y arraigo, que organizó el Senado, el representante de la ONU destacó: Tengo que expresar mi alarma ante la idea de que el arraigo es una medida conveniente para que en el mediano o corto plazos nuestras instituciones mejoren; esto tiene un punto gravísimo de materialidad en el que se violan derechos humanos de mexicanas y mexicanos.

Hernández Valencia sostuvo: Esta violación de derechos debe terminar; en el contexto en el cual ocurre a veces se da por sentado que es parte de la lucha contra el crimen organizado. Nadie quiere que el crimen organizado prospere, pero lo que está prosperando a los ojos de la sociedad es que se violan sus derechos y el país presencia de manera cotidiana cómo se diluyen sus garantías.

Acusó: Hay mucha opacidad en las cifras del arraigo. La Procuraduría General de la República no está en capacidad de informar, pero periodistas han publicado datos atribuidos a la Secretaría de la Defensa en los que se señala que los militares han detenido a mil 851 personas a quienes relacionan con mil 600 encuentros armados y ataques, y no queda claro si ese total de detenidos fueron arraigados.  

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, manifestó que nadie está de acuerdo con el arraigo porque no es una medida garantista, pero habrá que ver la necesidad de él en la actualidad que vivimos en el país.

Abundó que en algún momento deberá desaparecer esta figura. Aquí han venido representantes de varios organismos internacionales y nos han pedido que suprimamos el arraigo. La pregunta es: ¿ya estamos en un sistema garantista en México? La respuesta es no y esto va a tardar todavía.

Por su parte, la senadora Rosario Ibarra (PT), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que el principal problema del país es la corrupción, ya que no permite que ningún cuerpo policiaco o el propio Ejército combatan adecuadamente los delitos que dañan a la población. Esto, abundó, impide una recta procuración de justicia y las cárceles estén llenas en su mayoría de pobres o inocentes, sin que sean pisadas nunca por funcionarios corruptos e influyentes o por verdaderos delincuentes”.

Carlos Navarrete (PRD) señaló que existe gran opacidad en la utilización del arraigo y ante ello anunció que solicitará, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que la PGR le informe el número de personas arraigadas, cuántas de ellas han quedado libres y a cuántas les han fincado responsabilidad penal.