Organizaciones defensoras de garantías fundamentales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sumarse al consenso por la eliminación del arraigo en México, y expusieron ante representantes de este organismo temas como la situación que enfrentan en el país las personas privadas de su libertad.

Miembros de diferentes organismos sociales agrupados en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT) –conformada por 72 organizaciones en todo el país– se reunieron ayer con el relator de la CIDH para México sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad para exponerle temas prioritarios en materia de derechos humanos.

Uno de esos temas es el impacto del arraigo en los derechos humanos. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos resaltó que en promedio en México 1.82 personas son puestas bajo esa figura cada día a nivel federal y 1.12 a escala local.

Entre julio de 2008 y julio de 2010 se presentaron 120 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías en situación de arraigo, de las cuales 38 por ciento estaban relacionadas con una detención arbitraria, 41 se debieron a casos de tortura u otros tratos crueles o inhumanos y 26 por ciento reclamaban ambas, lo cual pone de relieve que el arraigo es una medida que se ejecuta con altas dosis de arbitrariedad y discrecionalidad de las autoridades.

Las ONG también presentaron un informe sobre la situación de las personas privadas de su libertad, en el que exponen sobrexplotación, prisión preventiva y violación a los derechos sexuales y reproductivos de los encarcelados, violencia sexual y torturas contra mujeres presas. Asimismo, la situación de los detenidos en estaciones migratorias, la de quienes padecen discapacidad mental en prisión y la de los que están recluidos en centros siquiátricos.

La RTDT informó que en la reunión se abordó la falta de cumplimiento del Estado mexicano de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, violadas por soldados en la sierra de Guerrero, caso por el que México fue condenado por ese tribunal.

Se recordó que la CIDH tiene bajo estudio varios expedientes, como el de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco y el de los 65 mineros fallecidos por el siniestro de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.