La violencia generada por grupos criminales –que han ocupado y controlan pueblos enteros– ha provocado que de 2007 a 2010 más de 230 mil ciudadanos, principalmente de entidades del norte, hayan huido de sus lugares de origen o residencia, lo que ha impactado en actividades comerciales, industriales y hasta habitacionales, ya que cientos de viviendas construidas por instancias gubernamentales y privadas se encuentran abandonadas.

Lo anterior forma parte de un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, así como de datos proporcionados por funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional.

Entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León, e incluso estados que hace seis años eran reconocidos entre los de menores índices delictivos, como Nayarit y Colima, han registrado cientos de homicidios cometidos por supuestas venganzas entre integrantes de bandas rivales, asesinatos de jóvenes estudiantes de excelencia que participaban en fiestas con sus compañeros, decenas de casas incendiadas o baleadas por grupos armados, que han llegado a ser considerados paramilitares, como ocurrió el pasado 20 de septiembre en Veracruz con los llamados Matazetas.

El informe, publicado en diciembre de 2010 por el Observatorio de Desplazamiento Interno, refiere que la mitad de los desplazados por la violencia se han visto obligados a emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios federales entrevistados estiman que el desplazamiento forzado en México podría ser 50 por ciento más alto, tomando en cuenta los hechos que se han registrado en Guerrero, Michoacán, Morelos y Veracruz, que también se han convertido en centros de disputa de grupos criminales.

Para el organismo internacional, “a consecuencia de la violencia de los cárteles (…) el desplazamiento forzado causado por este recrudecimiento de la violencia ha pasado casi desapercibido. Es difícil obtener una cifra, pero se estima que el número de personas que han huido de sus hogares asciende a 230 mil, y se cree que alrededor de la mitad de ellas han cruzado a Estados Unidos, lo que implicaría que hay unas 115 mil personas que viven como desplazados internos”.

Agrega que “el desplazamiento forzado a consecuencia de la actuación de los narcos ha alcanzado mayor visibilidad y ha sido mejor documentado en los estados de Chihuahua y Tamaulipas que en otras partes del país. La violencia en Chihuahua ha provocado la huida de familias y personas ‘gota a gota’, haciendo que sea imposible dar seguimiento a su desplazamiento, mientras el año pasado, en Tamaulipas, se produjeron desplazamientos masivos”.

En 2010, los pobladores de municipios tamaulipecos como Miguel Alemán, Ciudad Mier y Gustavo Díaz Ordaz huyeron de sus localidades ante la amenaza de ser asesinados, ya que si se quedaban los delincuentes los considerarían miembros de bandas rivales, en este caso del cártel del Golfo o Los Zetas, dependiendo de qué grupo tuviera el control de la zona.

En mayo pasado, más de mil familias de Michoacán –de municipios como Apatzingán y Cherán– huyeron y en algunos casos se refugiaron durante días en albergues instalados por el gobierno estatal, ante la violencia ejercida por integrantes de los grupos La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, así como por los enfrentamientos entre la Policía Federal y los presuntos narcotraficantes.

En Durango, los habitantes de Pueblo Nuevo, Santa Gertrudis y San Dimas, en la zona serrana de la entidad, han sido obligados a salir de sus comunidades durante la madrugada y a punta de pistola. Uno de estos acontecimientos ocurrió el 12 de diciembre de 2010.

Por lo que hace a Villa Ahumada, Chihuahua, el año pasado en varias ocasiones grupos armados ingresaron a las viviendas y sacaron a sus habitantes; algunos fueron privados de su libertad y luego fueron asesinados.