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Por temor, comunidades enteras se han visto obligadas a abandonar sus tierras

La sierra de Petatlán, Guerrero, asolada por los narcos, la violencia y la militarización

Zozobra entre los que se quedan y desesperanza en los que se van, explican activistas

 
Periódico La Jornada
Martes 4 de octubre de 2011, p. 6

Organizaciones civiles de Guerrero y de Chiapas denunciaron ayer en conferencia de prensa que debido a la violencia del narcotráfico y la militarización del país, muchas comunidades son obligadas a abandonar sus casas, sus tierras y sus cultivos.

Lorena Paz, del Instituto para el Desarrollo Rural Maya, destacó que en la sierra guerrerense de Petatlán la violencia del narco, del crimen organizado, de los cacicazgos, del Ejército, de grupos paramilitares y de guerrilleros, no es novedad.

Desde hace más de una década los medios de comunicación han difundido información y denuncias sobre la inseguridad en esta región, dijo la activista, quien aseveró que desde marzo pasado la violencia llegó a la cuenca del río Coyuquilla y en julio a Petatlán. De esta última cuenca, familias de 15 comunidades han sido forzadas a salir de sus pueblos por las amenazas y la violencia del narcotráfico.

La investigadora aseveró que en las comunidades de Zapotillo, Campo del Cielo, El Timbirichal, El Roblar, La Florida, El Guamilón, Los Limones, Carrecilleras, El Parazal, El Zapotillal, Parotitas, Las Galeras, Barranca del Bálsamo, El Cuajinicuilar y La Morena, se respira temor y zozobra en los habitantes que se quedan y desesperanza en los que se van.

En esas localidades, afirmó, a principios de 2011 vivían 134 familias; hoy quedan solamente 49, “es decir, más de la mitad de la población se tuvo que ir por las amenazas del crimen organizado. Llegan y les dicen: ‘tienes tres días para abandonar todo o te mueres’. Por miedo a que los maten salen de sus pueblos, dejan todo. Salen familias completas. Tienen miedo y callan”.

De julio a la fecha, 471 personas integrantes de 85 familias fueron forzadas a abandonar sus comunidades en esa región. De esas 15 comunidades referidas, siete –Zapotillo, Campo del Cielo, El Timbirichal, El Roblar, La Florida, El Guamilón y Los Limones– se han quedado vacías o incomunicadas”.

Las pasajeras, transportes  que conectaban la cabecera municipal con los poblados serranos, suspendieron los viajes que hacían tres o cuatro veces por semana. Ahora sólo de vez en cuando llegan a esas zonas. Las personas que no quisieron o no pudieron salir se quedaron aisladas.

Paz también se refirió a las familias desplazadas de 15 comunidades de la sierra de Petatlán. Muchos de los que salen llegan a la cabecera municipal y otros se van a Jalisco o a Veracruz, donde tienen familia; llegan de arrimados o a casas prestadas. Pocos llegan a rentar, pero niños y niñas dejan de ir a la escuela.

No denuncian por temor, porque no confían en los agentes del Ministerio Público ni en las policías, ya que sospechan de complicidades con las bandas delincuenciales. Temen que si denuncian puedan tener represalias, por eso mejor callan.

Las bandas del crimen se disputan la zona “porque es paso para los drogas y para su cultivo. No sólo se la disputa el narco, sino caciques y paramilitares”. Esta situación tiene que ser denunciada, sostiene Paz.

A su vez, Clara Sánchez y Faustino Guzmán, del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria, manifestaron su preocupación por la situación de violencia que padecen numerosas familias rurales.

Expusieron que por los enfrentamientos entre grupos de delincuentes, la militarización creciente ante la fallida estrategia gubernamental de guerra al crimen organizado y por la corrupción que existe, muchas familias se ven forzadas a abandonar sus pueblos y pertenencias, como tierras, casas, milpas y animales, para salvar sus vidas.

Aseveraron que en varios estados los delincuentes, en complicidad con autoridades, quieren despoblar las comunidades y apoderarse de esas tierras para continuar sus negocios ilícitos. Tenemos reportes alarmantes de organizaciones promotoras de la agricultura sostenible en algunas regiones de Guerrero, Michoacán y situaciones preocupantes en Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, los activistas hicieron un llamado al gobierno federal, a los gobernadores y alcaldes, a que detengan la violencia en el país con estrategias no de guerra y sí de inclusión de las propuestas ciudadanas.