El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Juan N. Silva Meza, hizo un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión y al Presidente de la República, a concluir con urgencia el proceso legislativo para la aprobación de una nueva Ley de Amparo que dé forma a la reforma constitucional en la materia que entró en vigor este martes.

Ayer, al participar en la sesión solemne en que el pleno de la SCJN determinó el inicio de la décima época del Poder Judicial de la Federación, Silva Meza señaló: Necesitamos la Ley de Amparo, pues es del interés de todos que el nuevo régimen produzca la mayor certeza posible, haciendo valer sin taxativas la ampliación de los derechos de los mexicanos y su debida protección.

Destacó que la reforma constitucional en materia de amparo es bien recibida y será debidamente aplicada por el Poder Judicial de la Federación (PJF),

Al término de la sesión pública, el pleno se reunió en privado para aprobar un acuerdo general que evite la parálisis jurídica en materia de amparo, ante la ausencia de actos legislativos, cuyo plazo para que el Congreso los aprobara terminó ayer.

Los ministros determinaron que para resolver los juicios de amparo que se presenten a partir de este martes, será aplicable la ley vigente, salvo en aquello en lo que se oponga al nuevo marco constitucional y a los decretos que en su caso emita la Corte.

Además, la SCJN conservará sus atribuciones en materia de cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo –como la destitución y consignación penal del funcionario que de manera contumaz se niegue a cumplir una sentencia– mientras el Congreso no emita la nueva ley.

Convoca a unir esfuerzos

En su discurso ante los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Silva Meza convocó a los juzgadores a sumarse a este proceso, en el que los tribunales federales tendrán que ser más accesibles y más cercanos a la sociedad.

No es exagerado decir que el nuevo amparo se funda en reglas que hasta hoy habían permanecido inalteradas, dijo. Agregó que las reformas constitucionales en materia de amparo, derechos humanos y justicia penal, en conjunto, representan la renovación más intensa de las labores jurisdiccionales que el país ha atestiguado en su historia moderna.

Los juicios de amparo podrán tramitarse haciendo valer el interés legítimo de las personas y las demandas no sólo podrán enderezarse contra actos de autoridades, sino por la omisión de éstas.

Los efectos del juicio de amparo, subrayó, podrán ser generales, es decir, que no favorezcan sólo a quien interpuso una demanda contra una ley que sea declarada inconstitucional, como ocurría antes de la reforma a la Carta Magna, y la Corte podrá declarar la invalidez de una ley mediante juicio de amparo.

Por otra parte, Silva Meza destacó la publicación (ayer) de la sentencia sobre el caso Rosendo Radilla, con la que la SCJN dio cumplimiento al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver que los militares que violen derechos de civiles deben ser juzgados por el fuero común y es obligación de todos los jueces realizar el llamado control de la convencionalidad.

Es decir, velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, para lo cual podrán aplicar los tratados internacionales firmados por México.

No ha desaparecido ninguna legislación, el Poder Judicial tiene instrumentos para trabajar

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Legisladores de todas las fuerzas políticas respondieron al presidente de la Suprema Corte que se han demorado en la elaboración de la nueva Ley de Amparo porque es un tema delicado y requiere de un análisis a fondo, ya que esa figura es piedra angular de los derechos humanos en México.

Tomás Torres (PRD) dijo que se trata de una ley secundaria que debe armonizar con la reforma constitucional, pero el Poder Judicial de la Federación tiene un marco legal para realizar su trabajo.

Alejandro Zapata Perogordo, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que el Senado no está en falta. ¿Qué quieren, rapidez o calidad?, inquirió. Además, dijo, se previó que en caso de que la ley reglamentaria no saliera a tiempo siguiera en vigor la anterior.

El presidente del Senado y coordinador de los legisladores del PAN, José González Morfín, confió en que este jueves o a más tardar la próxima semana se apruebe la nueva Ley de Amparo.

Explicó que ayer venció el plazo constitucional que da vigencia a las reformas, pero tengo confianza en que el próximo jueves llevemos la ley al pleno.

En entrevista, Tomás Torres precisó: Respetamos las expresiones de la Corte, de su presidente y los ministros, pero la Ley de Amparo está vigente, no ha sido derogada ni abrogada.

Resaltó: “Estamos atendiendo a reformas constitucionales a los artículos 107, 103 y primero, para hacer adecuaciones a la ley reglamentaria, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido las instituciones procesales que rigen demanda, sustanciación y resolución del juicio de amparo, tanto directo como indirecto.

No hay que perder la calma, el Senado ha sido muy comedido en su trato con la Corte y lo vamos a seguir siendo en la procura de ser equilibrados.

Al preguntarle por qué la demora, Torres explicó que el Congreso estableció plazos, pero aun en la hipótesis de que deberían haberse dado esas adecuaciones, a partir de hoy tendría seis meses para entrar en vigor la reforma a la Ley de Amparo.

Zapata Perogordo, senador por el PAN, manifestó: Hemos trabajado de manera ardua y aunque le dediquemos más tiempo queremos que salga una buena reforma.