En vísperas de que finalmente la Cámara de Diputados apruebe la designación de los tres consejeros electorales, la creciente versión de que arribaría al Instituto Federal Electoral (IFE) Arely Gómez, hermana de un alto funcionario de Televisa, “enciende los focos rojos” para el organismo. La razón: conflicto de intereses por la llegada de alguien cercano a uno de los principales sujetos regulados por el organismo, las televisoras.

Más allá de los méritos personales de la ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, hay un conjunto de fenómenos que enrarecerían su posible designación, advierte el investigador Julio Juárez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sostiene que uno de los ejes para el desempeño de los consejeros electorales es la independencia de sus miembros, y es claro que las televisoras han emprendido una andanada de descalificaciones desde sus noticieros; habría que ver si Gómez tendría un trato especial.

Desde la aprobación de la reforma electoral que proscribió la compra de espots en medios electrónicos, los concesionarios de radio y televisión, con Televisa y Televisión Azteca a la cabeza, han emprendido una confrontación abierta contra el IFE, responsable de la aplicación de una ley que tanto los irritó por el millonario negocio que se perdió y, por otro lado, han buscado penetrar espacios de decisión que involucren directamente sus intereses.

Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advierte sobre el avance de los poderes de las televisoras, favorecido, paradójicamente, por los propios partidos. Lo más lamentable que ha sucedido en los años recientes es la forma en que los partidos políticos han cedido espacios de poder institucional a los concesionarios de televisión.

La denominada telebancada, que opera principalmente desde el Partido Verde Ecologista, pero también con el PRI, fue un primer avance en la representación directa de los concesionarios en el Congreso.

La designación de Arely Gómez –apuntalada por PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia)– implicaría un conflicto de intereses muy claro, y no habría manera de pensar que en los hechos no está introduciéndose Televisa en el IFE, ante el evidente conflicto de intereses que supone que la hermana de un alto funcionario de ese medio electrónico llegue al órgano responsable de sancionar, entre otros aspectos, las violaciones en que incurran las televisoras.

Calleja alerta sobre las implicaciones que ha tenido ceder espacios a los concesionarios, porque supone “ceder parte de la institucionalidad del Estado, del interés público, para someterlo al las televisoras. Eso tuvo una primera expresión con la conformación de la denominada telebancada, y ahora con la pretensión de que llegue Gómez al IFE.

En paralelo, más allá de las decenas de recursos promovidos por las televisoras ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras instancias judiciales para detener la actuación del IFE, destacan las presiones que en privado han desatado esos medios contra el instituto y los representantes partidistas en el organismo.

Los amagos no sólo han sido contra funcionarios del IFE, sino también contra partidos, que han cedido espacios. El PRI sustituyó a su representante Carlos Ortiz –quien en su momento respaldó los cambios reglamentarios para modificar los plazos en la transmisión de espots– por Andrés Massieu, diputado priísta de la telebancada cuyo padre es integrante de la dirección de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.