La Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrastra una cartera vencida de entre 55 y 60 por ciento del total de los cobros del servicio de energía en el Distrito Federal y estados circunvecinos, porcentaje que ha ido creciendo desde que se hizo cargo del suministro de más de 6 millones 200 mil cuentas que tenía Luz y Fuerza del Centro (LFC) en la zona.

La paraestatal, además de que enfrenta miles de juicios por cobros excesivos, registra una disminución en el número de personas que le están liquidando el servicio. Incluso no están pagando el mismo número de clientes que normalmente pagaban a LFC, por múltiples factores, como que no llegan los recibos a los domicilios, miles de personas se han amparado, no se han hecho las altas y bajas correspondientes, los recibos tienen nombres o direcciones equivocadas, usuarios que rentaban se han ido sin pagar y muchas otras irregularidades.

En el foro realizado en Casa Lamm sobre la problemática surgida a raíz de las inconformidades con los cobros por parte de la CFE, Guillermo Juárez y Juan Luis González, encargados de llevar los casos de las demandas de los usuarios por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Alfonso Mancilla y Juan Antonio Flores, de la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica, señalaron lo anterior y dieron a conocer nuevas movilizaciones.

Estos últimos señalaron que, en contrapartida, la CFE está llevando a cabo una campaña de criminalización del servicio básico, e incluso, al estilo de los bancos, contrató un bufete jurídico que se encarga de llamar y presionar a los usuarios para que paguen o les quitarán el servicio y hasta los amenazan con embargos.

José Antonio Flores indicó que el servicio de energía eléctrica se ha encarecido básicamente porque se está comprando 50 por ciento de la generación a productores privados –principalmente trasnacionales–, que utilizan gas para producirla, lo que ha elevado excesivamente su precio.

Dijo que esta asamblea demanda la restructuración tarifaria, la creación de una tarifa social para los que menos tienen, un piso de kilovatios sin pago para las zonas de extrema pobreza, cero subsidios para los grandes consumidores –empresas y fábricas– y que las tarifas sean autorizadas por el Congreso de la Unión y los usuarios.

Alfonso Mancilla planteó, por su parte, que carecen de sustento legal los cobros por la CFE, porque los usuarios no contrataron el servicio con esa empresa, y llamó a crear más comités de usuarios y conformar una red más amplia de inconformes para luchar por la tarifa social.

Por el SME, Guillermo Juárez indicó que del total de servicios que presta la CFE en el Distrito Federal y estados circunvecinos, y que representan unas 6 millones 200 mil cuentas, 55 o 60 por ciento están en cartera vencida. Este porcentaje, dijo, es casi el doble del que manejaba LFC de adeudos vencidos, y se debe a toda la irregularidad surgida a raíz de que la comisión se hizo cargo de la zona centro.

Indicó que a la CFE le endilgaron toda la zona que atendía LFC, pero sin personal suficiente para realizar lecturas, llevar a cabo los cobros y administración del servicio, mucho menos para las conexiones nuevas o mantenimiento, por lo que se ha generado un mundo de problemas con los cobros y aplicación de tarifas, al grado de que los subsidios se aplican o quitan a los usuarios de manera discrecional.

En tanto, Juan Luis González explicó a los representantes de usuarios inconformes que llegaron a este foro todos los mecanismos legales de defensa que tienen, desde la presentación de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, o de amparos en contra del pago del servicio, hasta señalar que la CFE no puede amagar con embargos porque no es autoridad, sino prestadora de servicios.