Por decisión de PRI y PAN, la Cámara de Diputados redujo a una presentación de posturas de los grupos parlamentarios la petición que, hace tres semanas, se presentó para que el pleno planteara al gobierno de Felipe Calderón respaldar la solicitud de reconocimiento al Estado palestino.

Ante la negativa, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo (PT), reprochó que México sí ha promovido el ingreso de estados a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y refirió que él, como embajador de México ante ese organismo propuso la incorporación de Belice, Zimbabwe y Namibia.

Argumentó que México sí ha tomado partido entre dos naciones, y recordó que desde 1947 concurrió en la Resolución 181 a la creación del Estado israelí y el Estado palestino en el territorio antes ocupado por el llamado mandato británico, y desde entonces México ha votado siempre, siempre, por la existencia del Estado palestino.

Evaluó que el ingreso de Palestina a la ONU produciría “el efecto de fortalecer a un Estado que ha sido combatido, ha sido saboteado, y la posibilidad, por vez primera, de una negociación en plan de igualdad.

Algunos piden buscar solución diplomática previa

Arturo García Portillo (PAN) ratificó la postura de que antes debe negociarse una solución diplomática entre Israel y Palestina y esperar a conocer una propuesta que pueda ser debatida y sobre la cual pueda pronunciarse México, porque no se hará ningún favor a los pueblos de Oriente Medio, a los derechos humanos y a la paz mundial si se impone una decisión que no sea fruto de un consenso de todos los involucrados.

En la misma línea, el priísta Sergio Mancilla afirmó que la solución del conflicto entre ambos pueblos debe surgir de negociaciones bilaterales y que, como ocurre con todo acuerdo diplomático, se requiere paciencia, constancia y voluntad.

Marcos Cruz (PRD) resaltó que esas dos posiciones son copia fiel de la postura judía y estadunidense y que el gobierno de Felipe Calderón respalda la ocupación militar israelí, aun cuando la política estadunidense hacia México sigue siendo la misma: “más deportaciones, más tráfico de armas para los cárteles y, por lo tanto, más violencia, más legislaciones antimigrantes y, sobre todo, más mentiras”.