El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar tendentes a tipificar las conductas delictivas de elementos castrenses y sancionar con prisión de 30 a 60 años al que se incorpore a la delincuencia organizada.

El ordenamiento castigará con baja y de 15 a 60 años de cárcel al militar que utilice fuerza, embarcación, aeronave o cualquier otro bien o recurso humano que tenga a su cargo o mando en favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada.

Idéntica pena se aplicará a aquel que proporcione al hampa protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; adiestramiento, capacitación o conocimientos militares; induzca al personal que tenga a su mando o a las tropas a que le presten algún servicio o reclute personal castrense para el mismo fin.

También se consideran delitos proveer información a los criminales, incumplir obligaciones, obstaculizar las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente, no ejecutar una orden del servicio, falsificar o alterar un documento que contenga datos relativos a las operaciones de las fuerzas armadas para favorecerlos, o asociación delictiva.

Considera aplicar la ley a todo militar que proporcione a sus superiores información diferente a la que conozca acerca de las actividades que esté desarrollando en las fuerzas armadas contra la delincuencia organizada u omita proporcionar los datos que tenga sobre dichas actividades, así como de los proyectos o movimientos de éstos. A quien ponga en libertad a cualquier miembro del crimen, o proteja o facilite su fuga, se le aplicará también la pena de prisión de 15 a 60 años.

En votación distinta, el pleno aprobó también reformas al Código Civil Federal para establecer que bastará un año de la desaparición de alguna persona o miembros de corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas para que se declare la presunción de muerte.

La exposición de motivos de la reforma expresa que el Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que hay un incremento en la incidencia del delito de secuestro a escala nacional. En 2008 se presentaron 907 plagios; en 2009, mil 163; en 2010, mil 262, y de enero a mayo de 2011, 633.

Métodos cada vez más violentos

Señala que los métodos para la privación de la libertad de las víctimas cada vez son más violentos y hay casos en que la persona secuestrada no es restituida a sus familiares, aun cuando se paga el rescate. En nombre de la Comisión de Justicia, el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del PT, pidió que la presunción de muerte se fincara en el término de un año y no de seis meses, como estaba establecido en el dictamen de la comisión, lo cual fue aprobado por el pleno.