lgunos de los últimos acontecimientos que están viviendo los migrantes ponen en evidencia no sólo las grandes dificultades que tienen que enfrentar, sino que están sometidos a un doble lenguaje de las autoridades. Por un lado, tenemos lo que está pasando en Estados Unidos, con la nueva ley de Alabama HB56 y que es mucho más lesiva que la que trataron de implementar en Arizona, Georgia e Indiana. Si bien es cierto que éstas fueron detenidas por el gobierno federal y se mantiene suspendida su instrumentación. La jueza federal nominada por los republicanos Sharon Blackburn señaló que si bien algunas partes de la ley HB56 entran en conflicto con los estatutos federales otros puntos no. De tal manera que dejó en pie, entre otras cosas, la exigencia a funcionarios de escuelas públicas para revisar el estatus migratorio de los estudiantes, aunque los jóvenes puedan seguir asistiendo a clases. Por otro lado, las autoridades pueden mantener bajo custodia sin derecho a fianza a personas sospechosas de estar sin permiso en el país y mantenerlos detenidos.
Hay tres demandas contra la ley de Alabama, incluida una impugnación del gobierno del presidente Barack Obama que pidió a una corte de apelaciones bloquear la nueva y estricta ley de migración, por lo que se prevé que la decisión de la jueza Blackburn será apelada. La Constitución es clara en el sentido de que la migración es un asunto estrictamente federal que no puede ser sujeto a cambios por medidas adoptadas por el estado y Alabama no tiene autoridad para regularlo.
Sin embargo la jueza se negó a bloquear la disposición que obliga a las escuelas públicas a determinar, mediante la revisión de certificados de nacimiento o declaraciones juradas, el estatus de residencia legal de los estudiantes en el momento de la inscripción. Los críticos de la norma reiteraron el miércoles su preocupación y dijeron que las disposiciones causarán estragos en los recursos y pondrán presión personal sobre los educadores.
Es indignante ese doble lenguaje de las autoridades estadunidenses, pues cómo es posible que teniendo delincuentes de todo tipo, entre ellos los narcotraficantes y narcomenudistas, se dedican a fustigar a un conjunto laboral que está trabajando, beneficiando al país, que paga impuestos y recibe muy pocos beneficios a cambio, además de que se incorpora a labores que, aun cuando les dieran más ingresos a los nativos, de ninguna manera los aceptarían. Su delito
es una falta administrativa que debería saldarse con una sanción pecuniaria.
Resulta muy sospechoso que esas autoridades dediquen energía y enormes presupuestos a combatir a estos trabajadores y no a los delincuentes que se relacionan con la compra y distribución de drogas, pues de esta forma apoyarían la política federal –aunque desde mi punto de vista equivocada–, que sostiene que para eliminar la drogadicción hay que terminar con los narcotraficantes. La política antinmigrante, además de tener un claro sustrato político-electoral, simplemente pretende disfrazar una realidad que es evidente por todos lados y es que si en México hay narcotraficantes en Estados Unidos se encuentran sus pares.
Lamentablemente México no está alejado del doble lenguaje, ya que para cumplir con el expediente señala que estudiará todas las opciones legales a su alcance en relación con las nuevas disposiciones de la ley HB56. Habría que ver si cuando terminen el estudio no será demasiado tarde. Pero además los horrores siguen pasando en el país contra los migrantes centroamericanos, y no sólo contra ellos, sino contra los propios mexicanos que tratan de alcanzar la frontera norte, quienes desaparecen sin más y los familiares no pueden encontrar justicia.
El doble lenguaje se hace más evidente cuando se observa lo que les está sucediendo a los llamados ex braceros
. Trabajadores que estuvieron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, que reclaman 10 por ciento de los ahorros del salario que les corresponde después de haber trabajado esos años en los campos agrícolas y en la construcción de las vías férreas. Por ese dinero, que deberían habérselos devuelto de inmediato, llevan años dándoles largas para que puedan cobrar lo que en justicia les corresponde. Se les debe dar 38 mil pesos a cada uno, aunque el gobierno federal pretendía abonarlos en cómodas
mensualidades de cuatro mil pesos, ¡claro!, a ver si antes los pobres se morían, pues se trata de personas de edad avanzada. Por eso ellos quieren obtener sus 38 mil pesos y poder disfrutarlos con sus seres queridos. Se les notificó que sería en 2011. Sin embargo, tal parece que el gobierno de Felipe Calderón no ha hecho el pago a 102 mil personas, aun cuando ya existe el presupuesto respectivo y que sus nombres aparecieron en la lista de la Secretaría de Gobernación (La Jornada, 30 de septiembre).
En fin, una verdadera vergüenza para los gobiernos de Estados Unidos y México, que muestran la forma en la que pueden ensañarse y abusar de lo que en el perverso sistema capitalista resulta la parte más débil de la cadena, pero sin duda la más valiente.
