Acapulco, Gro., 7 de octubre. El presidente municipal Manuel Añorve Baños mostró confianza en que disminuyan los índices delincuenciales con el despliegue de mil 500 policías federales en todo Guerrero, especialmente en este puerto turístico, como lo anunció el jueves en la ciudad de México el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.

Me siento muy complacido por el apoyo del gobierno federal, pues su compromiso (en el plan para el rescate de Guerrero) es también aplicar programas sociales, ya que es más importante combatir las causas que generan la violencia que a la propia delincuencia, pues también se debe invertir en generar oportunidades de educación, empleo y salud, afirmó al concluir una de sus actividades oficiales.

En lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, aseguró que en dicha labor los responsables de ejecutar las estrategias de seguridad sabemos el límite de la ley, e insistió en promover la denuncia ciudadana anónima.

En Chilpancingo, Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), consideró que si bien el operativo Guerrero Seguro es positivo, éste no debe llevar a la militarización ni ser permanente.

El ombudsman estatal agregó que existen casos excepcionales, como el de Acapulco, donde maestros denunciaron extorsiones y amenazas y demandaron seguridad en sus escuelas.

Ahí tiene cabida la participación del Ejército y la Armada de México, pero de manera temporal, aunque no sé si estemos hablando de un caso excepcional o coyuntural, abundó.

Es necesario dar protección y seguridad, “no se puede vivir en una situación de zozobra; (los profesores) pusieron la bandera amarilla y roja, pero si el operativo se convierte en norma, entonces sí se corre el riesgo de militarizar la situación, de ahí que una vez que los docentes sientan que ya no hay riesgo para su seguridad (la operación) deberá concluir”.

Añadió que aun cuando la Coddehum no ha sido invitada como observadora, “creo que en dicho operativo debe participar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para vigilar que no se violen los derechos de los ciudadanos”.

Entrevistado en sus oficinas, el ombusdman estatal dijo que coincide con las propuestas de organizaciones no gubernamentales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en que la lucha por la seguridad en el país debe estar a cargo de las autoridades civiles.

Consideró que el operativo debe ser temporal porque si se permite que continúe por tiempo indefinido pudiera llevar a violaciones graves a los derechos humanos, y no queremos que eso suceda. Sería inaceptable.