Presidente de una de las comisiones que dictaminaron la reforma contra lavado de dinero, el senador del PRD, Tomás Torres, dijo que coincide con el ex presidente colombiano César Gaviria en las críticas a esa legislación, ya que, en general, la estructura jurídica del combate a la delincuencia organizada es deficiente, en virtud de que no tiene armonía ni orden e incluye regímenes especiales que vulneran derechos humanos.

Reconoció que hay parte de responsabilidad del Congreso de la Unión, ya que a esa normatividad, encaminada a frenar la violencia y la inseguridad, le hemos ido pegando pedazos a lo tonto y se requiere replantear incluso el sistema constitucional en esa materia.

El senador perredista señaló que la reforma que busca combatir el lavado de dinero que aprobó el Senado en el pasado periodo de sesiones –y está frenada ahora en la Cámara de Diputados– tiene defectos, como lo señaló Gaviria, ya que no debió vincularse con el delito de narcotráfico.

Agregó que además de ello, las autoridades no cumplen con su responsabilidad. Hay 15 millones de operaciones relevantes en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, pero sólo ocho procesos penales por lavado de dinero y ninguno con sentencia exitosa.

Más allá de que Gaviria vino a darle el espaldarazo a Felipe Calderón, no la razón al Congreso, en el Legislativo debe pensarse seriamente en modificar a fondo el sistema legal de lucha contra el crimen organizado.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Torres precisó que se requieren procedimientos específicos. Una ley en la materia con mayor consistencia para acabar con las bandas criminales, el enjuiciamiento propio de integrantes de la delincuencia organizada y reglas propias para la confiscación, aseguramiento o extinción de dominio de sus bienes.

Reglas aplicables a cualquiera

En el marco actual, agregó, traemos un engrudo terrible, las reglas de la delincuencia organizada se le pueden aplicar hasta a quien roba una gallina y el Ejecutivo insiste en acreditar el arraigo, testigos protegidos y la incomunicación de detenidos, con el pretexto de atacar el narcotráfico”.

Es decir, agregó, en ese procedimiento de excepción los destinatarios no están distinguidos, es para toda la población mexicana, a la que se trata como delincuentes. Es por ello que sostengo que la estructura jurídica es muy deficiente.

Por separado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González, discrepó de las afirmaciones de Gaviria y señaló que no puede aplicarse un esquema similar al de Colombia, donde “se cometieron atrocidades con el pretexto de frenar a los narcos”.