Desde la ciudad de México, Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, pidió al presidente Barack Obama que el recién liberado René González Sehwerert (uno de los cinco isleños acusados por delitos federales en Estados Unidos) sea repatriado de inmediato y no se le someta a la libertad supervisada; esto es, permanencia obligatoria de tres años más en territorio estadunidense.

Alarcón dijo que la vida de González Sehwerert –detenido junto con sus compañeros en 1998– corre peligro si no se le permite regresar a su país, luego de haber cumplido la condena impuesta. Ante esta libertad condicional, responsabilizó a Obama de cualquier incidente o atentado que le ocurra a su compatriota.

Hoy, la verdad toca nuevamente a la puerta de la Casa Blanca y nosotros tenemos que preguntarle a la administración del presidente Obama si él va a continuar en la senda vergonzosa, de maridaje y complicidad de sus antecesores o quiere hacer algo diferente; representar un cambio, expresó durante su participación en el sexto Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que se realiza –del 6 al 9 de octubre– en la capital mexicana.

El caso de los cinco, como se identifica la historia de los cubanos considerados por Estados Unidos espías de instalaciones militares (la acusación fue por conspiración) y por La Habana monitores de eventuales ataques a la isla (ahora condecorados como héroes), se ha convertido en punto de referencia mundial que deriva en solidaridad o ataques a Cuba.

Los cinco fueron detenidos por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en 1998, luego que la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Según una Corte federal, las aeronaves fueron derribadas gracias a la información que estos agentes dieron al gobierno de Fidel Castro. La contraparte alega que los aparatos invadieron el espacio aéreo cubano.

Cuba tenía todo el derecho del mundo a defenderse y ningún tribunal estadunidense tiene la menor autoridad para tapar ese hecho, dijo ayer Alarcón, uno de los funcionarios que más cerca ha estado de este proceso, así como de las gestiones para pugnar por la libertad de los acusados.

Recuento

Con base en ello hizo un recuento pormenorizado del expediente, auxiliado de su memoria y de los propios documentos estadunidenses, ahora públicos, en los cuales los fiscales reconocieron que el caso no tiene precedente y que estaban imposibilitados para demostrar los cargos.

En su exposición frente a decenas de representantes de 23 países que asisten al cónclave de solidaridad con Cuba y, más tarde en rueda de prensa, concedió un solo acierto a Estados Unidos en esta larga historia: haber logrado que el asunto no tenga difusión en los medios de comunicación, más allá de los sectores y naciones que admiten los argumentos cubanos.

Lo peor es el éxito del imperio en mantener el asunto en secreto... Yo pido por favor a los reporteros: ¡lean los documentos y permitan al público conocer algo de esto!

De acuerdo con su exposición, las pruebas, ahora desclasificadas, evidencian las arbitrariedades del juicio, mismas que han merecido el repudio de múltiples personalidades de relevancia mundial y de organismos defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional.

Atentos a la alocución del funcionario cubano estaban en primera fila Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras; Tomás Borge, comandante de Nicaragua; Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón Lañino, en representación de los familiares de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos; Manuel Aguilera de la Paz, embajador de la isla en México; el diputado Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Cuba; Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara; la periodista Stella Calloni, de Argentina, entre muchos otros oradores y participantes del encuentro regional.

No obstante, Alarcón confió en que la multiplicación de solicitudes a Obama para que retire los cargos a los cuatro cubanos que siguen confinados en el hoyo (cárceles de máxima seguridad) se han de convertir en un “tsunami” que impulse al mandatario estadunidense hacia la justicia.

Si bien las fases formales del juicio se han agotado en perjuicio de los cuatro que siguen presos, en especial sobre uno de ellos, Gerardo Hernández Nordelo, sentenciado a dos cadenas perpetuas.

Lo que resta son los procedimientos extraordinarios, como el habeas corpus, para solicitar una revisión de la causa. Ahí, dijo, antes de que la juez tome una decisión, debe haber una discusión previa, un careo, presentación de pruebas.

Un recurso

–¿Y qué puede hacer al respecto el presidente Obama? –se le preguntó a Alarcón, uno de los cubanos con mayor conocimiento de la legislación estadunidense.

–De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el presidente tiene potestad ilimitada de tomar cualquier decisión en cualquier caso.

Un periodista estadunidense le preguntó acerca del futuro de la relación bilateral Cuba-Estados Unidos, a lo que el presidente de la Asamblea cubana respondió: “Creemos en la lucha, en la perseverancia. El gobierno norteamericano sabe que hay una movilización en todo el mundo y que va a crecer. Ha habido una ola creciente en todo el orbe de personas que se interesaron por este caso. Ellos saben que esa ola funciona, la sienten y yo les garantizo que seguirá hasta que sea un tsunami que realmente los obligue a retirar las acusaciones”.