a instalación formal, el próximo 21 de octubre, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, está precedida de diversas experiencias emanadas del histórico y emblemático tribunal promovido por Bertrand Russell, conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell (1966). Su presidente ejecutivo fue el filósofo Jean Paul Sartre. Entre sus miembros destacados pueden mencionarse: Simone de Beauvoir, Lelio Basso, el ex presidente Lázaro Cárdenas, entre otras y otros. Se justificó la creación de este organismo evocando: Si ciertos actos de violación de tratados son crímenes, se trata de crímenes, sin importar que los cometan Estados Unidos o Alemania. No estamos preparados para estipular una norma de conducta criminal contra otros que no estemos dispuestos a invocar contra nosotros. (Robert H. Jackson, fiscal jefe durante los juicios de Nuremberg). Esta lógica es la base para el actuar de todas y todos, más allá de fronteras nacionales y siempre en nombre del sentido profundo de los derechos humanos, que son por esencia universales. Ligados al fundacional de Russell, se realizaron otros tribunales y se crearon instancias diversas; una de ellas es precisamente el TPP (1979), que sustenta la Fundación Lelio Basso en Roma. Importa destacar el Tribunal Russell II sobre la situación de los países de Latinoamérica, que se llevó a cabo en tres sesiones; Roma (1974), Bruselas (1975) y Roma (1976), que se centró sobre todo en Brasil y Chile. En sus conclusiones relativas a la violación de los derechos del hombre y de los derechos de los pueblos se refirió: Que las comunidades indígenas de América Latina, primeras víctimas de la agresión colonial, continúan sometidas a un régimen discriminatorio en el interior de pueblos globalmente reprimidos, bajo la presión y en el interés de las empresas privadas, multinacionales y locales (parágrafo 7).

De ese contexto proviene el denominado cuarto Tribunal Russell sobre los Derechos de los Indígenas de las Américas, realizado en Rotterdam, Holanda, entre el 23 y el 30 de noviembre de 1980; del mismo dio detallada cuenta Guillermo Bonfil (†), quien fue parte del jurado (revista Nexos, número 40, abril de 1981), señalando que el tribunal, aunque respondía a una iniciativa india, no era un tribunal indio. Esto provocó reacciones diversas; anotó el rechazo del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas aun cuando organizaciones afiliadas al mismo participaron. El tribunal fue promovido y organizado por la Fundación Grupo de Trabajo Proyecto Indígena, con sede en Ámsterdam. (Estas diferencias deben ser cuidadosamente consideradas en el TPP México, que si bien no pretende ser tribunal indio, sí tiene entre sus principales afectados a estos pueblos.)

Bonfil presentó los 13 casos de varios países que abordó el tribunal, destacando la presidencia del mismo, adjudicada a Mario Juruna, cuya silla permaneció simbólicamente vacía, pues en Brasil, bajo la dictadura militar, los indios estaban protegidos por el Estado, y le fue negado el pasaporte con argumentos dignos de retrotraerse siglos atrás, cuando se planteaba que los indios no tenían alma.

Respecto a México, pese a que se presentaron cuatro casos, fueron rechazados por no estar suficientemente documentados y el jurado intentó subsanar esta ausencia, pero los acusadores y testigos no asistieron, al conocer que no los habían aceptado. Como último recurso, anotó Bonfil, se dio una visión informativa sobre nuestro país. Es interesante observar estos datos, de treinta y un años atrás, a la luz de lo que hoy vivimos, donde los pueblos indígenas, particularmente a partir de 1994, cobraron presencia y fortalecieron sus procesos de resistencia y/o autonomía. En aquellos años ya existían sin duda organizaciones indígenas, pero no tenían el contexto, los recursos o incluso la convicción sobre la importancia de acudir a espacios de denuncia, como la del tribunal.

Lo que resulta muy evidente es que la problemática de la penetración de los intereses trasnacionales ya estaba en curso como se constató en el informe final, al referir la situación del continente. “En todos los países se está instrumentando una nueva embestida en gran escala para expropiar estos recursos en nombre del interés nacional, ajeno y opuesto al interés de los grupos indígenas (sic), tal como éste se expresa en las formas tradicionales de trabajo y aprovechamiento del medio… La población indígena no cuenta sino como obstáculo: ningún espacio para su participación, ninguna respuesta a sus propuestas… Y frente a la oposición de los pueblos sólo se levanta el engaño, la corrupción, las trampas legales o la represión hasta el genocidio… El indio sigue siendo el enemigo” (Bonfil, 13-26).

Cualquier parecido con la agenda 2011 que abrirá el TPP en México es mera coincidencia. Son tiempos de colocar la ética de los pueblos frente a su ausencia en los estados.