l próximo 21 de octubre arrancará la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México. En él se juzgará la violación a los derechos humanos en México. Culminará a finales de 2013 o principios de 2014. Buscará evitar que sus trabajos sean utilizados con fines electorales.
El TPP se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia, Italia. Su función es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad. Tiene el objetivo explícito de convertir en permanente la función desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-1976).
El proceso en México comenzó hace dos años, cuando organizaciones sociales, civiles, defensoras de derechos humanos e individuos entablaron contacto con la Fundación Lelio Basso, de Italia, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, para solicitar que se llevara a cabo en México una sesión del TPP y que para ello se conformara la sección mexicana del tribunal.
Con este fin elaboraron distintos documentos y una petitoria formal en la que se muestran las violaciones a los derechos humanos en México. Recientemente, el TPP aceptó abrir un expediente relativo a la situación mexicana a partir de audiencias especializadas sobre distintos temas, donde se podrán presentar casos concretos que fundamentarán y profundizarán lo planteado por la petitoria aprobada, hasta llegar a la elaboración de una denuncia formal que pueda ser juzgada por este tribunal de conciencia en su audiencia final, la cual se celebrará en nuestro país hacia finales de 2013 o inicios de 2014.
El TPP está integrado por 130 miembros, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.
A lo largo de su historia se ha reunido en más de 40 ocasiones, juzgando hechos acaecidos en muchos países, que implican desde situaciones de genocidio hasta crímenes ecológicos.
El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. La carta fundante que legitima su misión es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. En ella se reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre determinación.
La historia del TPP puede seguirse por conducto de sus hechos, de las sentencias que ha pronunciado, de la conceptualización que ha desarrollado, de la técnica jurídica que ha producido. Nace no como iniciativa, sino como instrumento. La calificación de permanente no es, en lo esencial, una connotación temporal o de duración de su mandato, sino que se refiere a su permanencia y a su trabajo sostenido.
El TPP es, simultáneamente, un instrumento, una tribuna, un espacio para la memoria, un mecanismo para dar visibilidad a los agravios y a los agraviados, un terreno para que la palabra fluya.
El título del expediente México
del TPP es Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Se ha propuesto la realización de siete audiencias temáticas
: violencia, guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los migrantes, e inmigración como algo forzado; trabajo, precarización y desregulación laboral, y violación a derechos laborales colectivos; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía: los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios; devastación ambiental: los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios y población en general, y medios de comunicación, su pertinencia y su urgente independencia.
El antecedente central del TPP es el Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra, formado para juzgar moralmente los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam.
Durante la sesión inaugural, Jean Paul Sartre sostuvo que los derechos de los individuos y los pueblos no pueden ser negados por razones de Estado. Explicó cómo el juicio de Nuremberg supuso una novedad histórica aunque fallida, un cambio esencial en materia jurídica y política: la sustitución de un derecho a la guerra por un derecho contra la guerra. Nuremberg –dijo el filósofo– desapareció, pues ninguna de las potencias estaba interesada en condenar prácticas coloniales. Ante la ausencia de instancias de supervisión judicial, el Tribunal Russell fue concebido para dar una respuesta ética.
El tribunal no fue designado por un Estado o por autoridad alguna. Careció de cualquier poder. Su legitimidad radicó precisamente en esta falta de poder, en su independencia con respecto a las potencias y en su universalidad. No recibió órdenes de gobiernos o de partidos. Sus miembros analizaron los hechos con sus almas y sus conciencias. No fueron fiscales ni pusieron sanciones. Su legitimación se obtuvo a posteriori, a partir de los resultados, en la medida en la que los pueblos estuvieron de acuerdo con su veredicto.
Estos principios siguen siendo válidos para el TPP. El tribunal echa mano de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder. Utiliza las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos. Parte de una idea de fondo: la lucha y la promoción de los derechos humanos se da por la vía jurídica. La base de los juicios del TPP son las convenciones sobre derechos humanos de carácter internacional.
El TPP es una conciencia ética de los pueblos, no un proceso jurídicamente vinculante. Parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria.
La impunidad no es un asunto meramente judicial. La lucha contra ella –considera el tribunal– se realiza, también, desde los preceptos de verdad, justicia y reparación de daños para todos los pueblos que son víctimas de sus derechos fundamentales. Eso es justamente lo que se quiere hacer en México.
