Naciones Unidas, 10 de octubre. Entre 700 mil y 2 millones de mujeres y niñas son traficadas cada año a través de fronteras internacionales, la mayoría con la intención de ser vendidas y explotadas sexualmente, de acuerdo con infornación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las cifras estimadas guardan una distancia muy amplia entre ellas, porque resulta muy complicado calcular un comercio ilegal y subterráneo, afirmó Silvia Pimentel, directora del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).

En una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas, Pimentel exhortó a los gobiernos del mundo no sólo a aprobar leyes que protejan los derechos de las mujeres y eliminen la discriminación de género, sino a implementarlas a fondo.

Expresó también que sigue siendo preocupante la escasa representación de las mujeres en los puestos de mayor relevancia en los ámbitos público y privado.

Según CEDAW, solamente uno de cada seis funcionarios de gobierno a nivel ministerial en el mundo es mujer.

Asimismo, tan sólo 13 de las 500 empresas más grandes del orbe tienen una directora ejecutiva de sexo femenino.

Pimentel estuvo acompañada por Rashida Manjoo, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, quien este lunes presentó su reporte a la Asamblea General de la ONU, basado en sus visitas a tres países: Argelia, Estados Unidos y Zambia.

El informe indicó que la violencia contra la mujer es omnipresente, extendida e inaceptable, e indicó que las distintas formas de agresión contra la población femenina son a la vez causa y consecuencia de la discriminación, la desigualdad y la opresión.

En su investigación sobre Estados Unidos, la experta indicó que entre las mujeres inmigrantes existe una mayor prevalencia de malos tratos, debido a su limitado acceso a los servicios jurídicos.

Manjoo destacó también que muchas mujeres que viven con estadunidenses evitan solicitar ayuda de las autoridades cuando sufren violencia, por miedo a ser deportadas.

A menudo los agresores no inician el procedimiento de solicitud de la residencia permanente para su pareja o cónyuge extranjera con la finalidad de mantener su autoridad y control sobre ellas, concluyó.