La Procuraduría General de la República (PGR) prepara una consignación en contra de Rocío Cárdenas Zubieta, ex directora general de PMI Comercio Internacional, brazo comercial de Petróleos Mexicanos (Pemex), que enfrentará acusaciones relacionadas con un desfalco millonario en agravio de la paraestatal, revelaron fuentes ministeriales.

Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó el pasado martes que Cárdenas fue destituida, multada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, ya que, según la dependencia, junto con otros tres funcionarios de PMI orquestó una red de corrupción que otorgó descuentos excesivos e injustificados por venta de gasolina cóquer a dos empresas trasnacionales. Por ello fue cesada y sancionada con 283 millones 942 mil pesos e inhabilitada por 10 años.

Las operaciones, cuyos beneficiarios fueron Trafigura y Gunvor, dos de las firmas de comercio de hidrocarburos más grandes del mundo, ocasionaron un daño de 1.75 millones de dólares y un perjuicio de 23.3 millones de dólares.

Funcionarios ministeriales de la PGR consultados por La Jornada indicaron que la averiguación previa abierta contra Cárdenas Zubieta por estos presuntos actos de corrupción está muy avanzada y en vías de solicitar a un juez federal la correspondiente orden de aprehensión.

Indemnización millonaria

Una semana antes de la destitución de Cárdenas, un tribunal federal rechazó ordenar la aprehensión de Carlos Armando Cantú Guerra, ex director de administración de PMI Comercio Internacional, a quien la PGR acusó de liquidar indebidamente con 5.6 millones de pesos a un funcionario inhabilitado de esa filial de Pemex.

El tercer tribunal unitario penal del Distrito Federal, a cargo del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, consideró que no era procedente girar la aprehensión de Cantú, porque los fiscales federales no lograron demostrar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La acusación señala que Cantú liquidó a director de Finanzas de PMI, Luis Crispín Garnica, quien fue inhabilitado por la SFP al descubrirse que su título profesional era apócrifo.

El monto de la liquidación fue de 5 millones 668 mil 405 pesos, bajo el concepto de compensación por separación voluntaria.

Cantú logró demostrar ante los tribunales que tenía atribuciones para liquidar a Crispín, como parte de sus derechos laborales.