En el Día de la Raza, miles de personas marcharon en Michoacán y Chiapas para demandar que se aprueben leyes de cultura y derechos indígenas, libertad para elegir autoridades por usos y costumbres, y para recordar que 519 años después de la invasión española, el saqueo continúa, ahora por compañías trasnacionales.

Más de 2 mil personas, la mayoría purépechas, aunque también hubo representantes nahuas, mazahuas y otomíes, marcharon desde el monumento al general Lázaro Cárdenas y se concentraron frente a palacio de gobierno en Morelia, Michoacán.

Una comisión fue al Congreso estatal a exigir a los diputados que aprueben la ley indígena que quedó pendiente en 2007, cuando la organización Nación Purépecha rechazó la propuesta de la bancada perredista porque no recogía los acuerdos de San Andrés Larráizar, Chiapas.

Otra exigencia fue conservar la Secretaría de Atención de Pueblos Indígenas creada en esta administración y que ha sido cuestionada, al igual que las secretarías de Migrantes y de la Mujer, por grupos empresariales.

En el mitin frente al palacio de gobierno, Abundio Marcos Prado, dirigente de Nación Purépecha, manifestó que la crisis económica y política que vive el país obliga a los pueblos indios a buscar su autodeterminación, y cada vez se sumarán más comunidades que elijan autoridades por métodos propios y se mantengan al margen de los comicios constitucionales.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, marcharon alrededor de 10 mil personas, entre integrantes del Bloque Democrático de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de organizaciones indígenas y sociales y de la otra campaña.

Durante un mitin en la plaza Catedral los manifestantes exigieron frenar el saqueo de los recursos naturales del país y que se suspenda la guerra contra el narcotráfico.

Las guerras de Independencia y Revolución no restituyeron los derechos de los pueblos originarios, que ahora enfrentan una guerra de despojo y exterminio capitalista que, en su fase neoliberal, se aplica a los pueblos y comunidades indígenas en todo el planeta, señaló la otra campaña en un documento.

En un comunicado fechado en el municipio nahua de Chilapa, en la Montaña baja de Guerrero, organizaciones no gubernamentales demandaron cancelar las concesiones entregadas a las empresas mineras, garantías para que los desplazados por la inseguridad puedan volver a sus comunidades, desmilitarizar las zonas indígenas y dejar de perseguir a defensores de los derechos humanos.