or unanimidad, los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados aprobaron ayer en lo general el dictamen de reforma política turnado a San Lázaro por el Senado en abril pasado, en el que se incluye, entre otros puntos, la posibilidad de candidaturas independientes, así como de consultas populares e iniciativas legislativas ciudadanas. Respecto a la relección legislativa por periodos consecutivos –uno de los puntos más polémicos del dictamen avalado por el Senado–, tal propuesta recibió ayer el respaldo de la bancada del PAN y de un sector de la del PRD; en contraste, los grupos parlamentarios del PRI, el Partido Verde, Convergencia, Nueva Alianza y otro sector del sol azteca rechazaron esa posibilidad por considerar que generaría dependencia entre legisladores que estuvieran auspiciados por empresarios y grupos políticos particulares.

Es significativo que el principal punto de discordia entre las distintas fuerzas políticas sea el de la relección consecutiva de legisladores, medida que ha sido presentada por sus promotores como una forma de fortalecer la capacidad del ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes.

Ciertamente, esta discusión tiene como telón de fondo la erosión y la crisis de representatividad de una clase política orientada a la defensa de intereses facciosos y corporativos mas que del bienestar de la población común. Pero tales deficiencias no derivan de la vigencia del principio histórico de la no relección –el cual constituye, cabe recordarlo, uno de los pilares institucionales del Estado mexicano contemporáneo–, sino de la ausencia de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el control social sobre autoridades y representantes. Así pues, más que premiar a los legisladores con la posibilidad de mantenerse en sus cargos, lo que se requiere por ahora es dotar a la ciudadanía de instrumentos para sancionar a los malos servidores públicos y para procurar, de esta forma, que la clase política en su conjunto mejore su desempeño: es lamentable que las comisiones legislativas encargadas de analizar la reforma política hayan dejado fuera figuras legales como la revocación del mandato, que forma parte de un añejo reclamo social y sería mucho más eficaz y ágil que la relección para someter a gobernantes y legisladores al examen ciudadano y evitar extralimitaciones en el ejercicio del poder.

Por lo demás, el argumento principal de las fuerzas partidistas que se oponen a la relección legislativa –la dependencia de los legisladores respecto de los empresarios que patrocinen sus respectivas campañas– tendría que ser dirigido también a las llamadas candidaturas ciudadanas: a fin de cuentas, mientras esa figura permitiría el arribo a puestos de representación popular a individuos sin militancia partidista, abriría también mayor margen de maniobra para la intromisión –por medio del financiamiento de campañas electorales independientes– de grandes capitales y poderes fácticos en la vida política del país.

Es pertinente vincular la discusión y aprobación general de esta reforma política al respaldo, expresado en días recientes por políticos y académicos de distinto signo, a la pretensión de reformar el marco legal vigente para permitir la instauración de gobiernos de coalición –los cuales se conformarían cuando el partido en el poder no cuente con la mayoría de escaños en el Legislativo– y a la presentación de esa figura como la panacea a la parálisis legislativa y la falta de acuerdos políticos. Ha de recordarse que, aun con la legislación vigente, las distintas fuerzas partidistas tienen la posibilidad de formar alianzas por medio de la negociación legislativa. De hecho, por lo menos desde 1997, cuando se constituyó por primera vez un Congreso mayoritariamente opositor, el PRI y el PAN han ensayado, para aspectos fundamentales como la política económica, una coalición legislativa de facto que se mantuvo durante la presidencia de Vicente Fox y en el primer tramo de la de Felipe Calderón, y que se ha expresado, entre otras cosas, en la continuidad y la profundización del modelo neoliberal. Si algo puede reprocharse en relación con estos acuerdos es, en todo caso, que la mayoría de ellos se realizan de espaldas a la sociedad y en perjuicio de ésta: recuérdese, por ejemplo, la salida a la luz pública de un pacto suscrito en octubre de 2009 por la entonces dirigente priísta, Beatriz Paredes, el ex líder nacional panista César Nava y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el que se comprometía la aprobación de una cascada impositiva a cambio del veto a las alianzas electorales entre el PAN y el PRD.

Es claro que el ensanchamiento de la democracia y el fortalecimiento institucional del país no se logrará sólo mediante reformas al marco legal vigente; al contrario, éstas podrían tener efectos contraproducentes, como el encumbramiento de los poderes fácticos y la institución de mayorías legislativas ficticias a modo del grupo en el poder. Lo que se requiere, en cambio, es voluntad democrática de las distintas fuerzas políticas para respetar y asumir la letra y el espíritu de las disposiciones legales actuales; para establecer mecanismos de rendición de cuentas que eviten la impunidad de malos servidores públicos y para actuar de manera transparente ante la población.