El campesino tzotzil Juan Díaz López ha sido víctima de ultrajes, tortura y encarcelamiento injusto en dos ocasiones. Una en 2004 y otra apenas en mayo pasado. Su caso ilustra lo que puede significar en Chiapas la impartición de justicia. De 28 años, poblador del paraje Chenok, en Santa Marta, Chenalhó, pertenece a la organización Voces Inocentes de la Otra Campaña y aún espera sentencia. Hoy cumple 14 días en huelga de hambre en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas.

Él fue uno de los liberados tras la huelga de hambre que realizaron en 2008 decenas de presos en varias prisiones del estado. En aquella ocasión estuvo 31 días en huelga de hambre. La otra campaña y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentaron que haber pasado por prisión lo estigmatizó en su comunidad de tal forma que le han llegado a acusar de varios asesinatos.

Hace pocos meses intentaron culparlo de la muerte de una anciana. Las autoridades de Santa Marta resolvieron que eso era falso. La presunta asesinada había abandonado la comunidad en noviembre de 2010. Poco después, el 22 de abril fue asesinada otra mujer en Chenok. La autoridad comunitaria no encontró testigos. El Ministerio Público (MP) llegó a levantar el cadáver. Cinco días más tarde, el mismo MP señaló a Juan, pues lo acusaba su propia madre. Juan cuenta: Mi padrastro la manipula. Quiere quedarse con nuestro terreno, la casa y el café. Los abogados del Frayba consultaron a las autoridades de Chenalhó, quienes nuevamente declinaron acusarlo.

Su aprehensión tuvo casi el carácter de un linchamiento. El 17 de mayo un tumulto de 400 personas lo sacó de su casa. Participó un grupo armado de Yolonchén. Lo golpearon varias horas. Lo rociaron con gasolina, lo obligaron a tomar el herbicida Gramoxone. Intentaron colgarlo de un árbol y le dieron dos cortes con cuchillo en ambas muñecas. Cayó desmayado, luego de escuchar expresiones como: ¿Dónde está el Frayba donde estás organizado?

Tres atacantes robaron los ahorros del cafetal de Juan y su familia: Sebastián Díaz Hernández, Santos Gómez Pérez y Sebastián Hernández Velasco, quienes amenazaron a su esposa. La turba lo amarró a un poste cuatro horas en el paraje Sak Lum, mientras discutían si lo mataban o no. Juan observó que al menos la mitad estaba en contra de lo que le hacían. La madrugada del 18 de mayo llegó el juez municipal y lo trasladaron al MP en San Cristóbal.

Allí es obligado a declararse culpable de homicidio e intento de homicidio. No le permiten comunicarse con su familia. Hasta la tarde de ese día le cosieron las muñecas. Lo obligaron a firmar una declaración que no le permitieron leer. Lo golpearon. Alguien dio la orden: Échale su calentada, Zúñiga. El día 20 de mayo, aún retenido en el MP, sin comer ni beber, se declaró culpable, sin traductor ni abogado. En seguida fue trasladado al penal.

Es la segunda vez que lo encarcelan injustamente, con acusaciones falsas muy graves. La familia defendía su derecho a la herencia, y el motivo de su padrastro se mezcló con motivos posiblemente políticos en su comunidad. A sus dos hijos los sacaron de la escuela. Su esposa ha recibido amenazas de desalojo.

El anterior encarcelamiento de Juan, siendo auxiliar en su comunidad, fue porque lo acusaron sin pruebas de un asesinato en Can Winik el 22 de septiembre de 2004. Él presentó pruebas de su inocencia, pero en Chenalhó querían dinero. En el MP fue torturado 72 horas. Le cubrían la nariz con un trapo mojado, y la cara con una bolsa. Le dijeron que si no confesaba lo matarían. Lo golpearon. Lo metieron en un tambo de agua. Le ofrecieron que si declarara culpable le darían de 10 a 15 años. Firmó por dolor, hambre y aislamiento, según el Frayba, y lo sentenciaron a 25 años. El 24 de julio de 2008 logró su libertad después de 31 días en huelga de hambre.