Moscú, 13 de octubre. El mismo día que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, reconoció conveniente que el Parlamento abrogue el artículo de la ley que hace dos días sirvió para condenar a Yulia Timoshenko, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió una nueva causa penal contra la ex primera ministra y líder de la oposición.

De ser declarada culpable, Timoshenko podría merecer una pena de siete a 12 años de prisión, adicionales a los siete años de condena –cuatro menos de los que pedía el fiscal– que recibió el martes pasado por abuso de poder al firmar un convenio de gas con Rusia en 2009.

Ahora se acusa a Timoshenko de “intento de malversación de fondos públicos durante su etapa como presidenta y propietaria de facto de la corporación nacional Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania (SEUU)”, según declaró a la prensa Ivan Derevianko, vocero del SBU.

En 1996 Timoshenko, argumenta Derevianko, era presidenta de SEUU y, en connivencia con el entonces primer ministro de Ucrania, Pavel Lazarenko, endosó al erario público contraer la deuda de su corporación ante el Ministerio de Defensa de Rusia por valor de 405 millones y medio de dólares.

Casualmente ayer el actual primer ministro, Nikolai Azarov, se quejó de que el gobierno de Ucrania sigue regulando reclamaciones de pago de deudas. Por ejemplo, la reclamación del Ministerio de Defensa ruso de que se le devuelvan los 405 millones de dólares de los tristemente conocidos Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania de la señora Timoshenko.

En la línea de impugnar el acuerdo de suministro de gas con Rusia, que el político pro-ruso Yanukovich considera oneroso e injusto, los diputados del oficialista Partido de las Regiones, como en primer término Inna Bogoslovskaya, dan a entender que Timoshenko se sintió forzada a firmar los contratos desfavorables a Ucrania para saldar su deuda con Moscú.

Yulia Timoshenko en una corte el martes pasado, cuando fue condenada a siete años de prisión. A la ex primera ministra de Ucrania le imputaron nuevos cargos ayerFoto Ap

Una grave insinuación que rechaza Rusia de modo categórico. Hasta el propio Vladimir Putin se mostró perplejo y dijo no entender por qué está en la cárcel Timoshenko, su contraparte al negociar el polémico convenio.

Lo cierto es que Rusia misma pretendió cobrar la deuda cuando Timoshenko era sólo líder de una bancada minoritaria en el Parlamento, pero declaró que el caso ya estaba cerrado cuando ella accedió al cargo de primera ministra.

Entonces se hizo público un documento en el que la procuraduría de Rusia, fechado a finales de 2005, afirmaba que la investigación contra la corporación que había dirigido Timoshenko se daba por concluida por prescripción del delito.

Sin embargo, en julio de este año, coincidiendo con la negativa del gobierno de Ucrania de seguir cumpliendo el contrato del gas en los términos pactados por Timoshenko, el ministerio ruso de Defensa exigió la devolución de la deuda de 405 millones y medio de dólares, que seis años antes consideró prescrita.

Ahora, aunque todos saben que ese tipo de delitos prescriben a los 10 años, el gobierno de Ucrania utiliza el mismo recurso falaz para insistir en que, si Timoshenko queda exonerada de toda responsabilidad por la primera condena, la segunda acusación demuestra que habría elementos para anular el convenio con Rusia y fijar un nuevo precio del gas.