a desaparición de un ser querido es duelo que no termina. A diferencia de la muerte cierta, es un continuo renacer y fenecer la esperanza. Duelo sin fin que viven cientos de familias mexicanas desde que se inició esta guerra contra el crimen organizado.
Si la imposición de regímenes dictatoriales o autoritarios en los años 70 en América Latina desató la guerra sucia de los estados represores contra los disidentes armados o pacíficos de la izquierda, y significó el asesinato o la desaparición forzada de miles de ellos, la guerra contra el narcotráfico en México entraña la desaparición de miles de personas, no por disentir con el régimen, sino por estorbar a los objetivos ilegales de criminales, policías o militares. Es la nueva guerra sucia.
Siguen sin ser presentados los hermanos Carlos José y José Luis Guzmán Zúñiga, secuestrados por el Ejército en Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2008. Lo mismo sucede con los jóvenes Nitza Paola Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por militares en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Este último caso se encuentra ya en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La impunidad de que gozan los responsables de estas privaciones ilegales de la libertad es lo que permite que se reproduzcan y multipliquen nuevas desapariciones forzadas. Ciudad Cuauhtémoc, tercera población del estado de Chihuahua, aparentemente era de las localidades menos afectadas por la violencia y los homicidios, pero en el curso de cuatro meses el terror ha sentado sus reales, por las múltiples desapariciones de personas.
Domingo 19 de junio. En Ciudad Anáhuac, sección municipal de Cuauhtémoc, la familia Muñoz celebra en su modesto domicilio el Día del Padre, cuando un sujeto armado dispara afuera de la vivienda donde se realiza el convivio y agrede física y verbalmente a integrantes de la familia. Éstos solicitan el apoyo de la policía de la localidad, que se niega a intervenir, alegando relación de amistad con los agresores. En señal de protesta, uno de los miembros de la familia sustrae la patrulla y la deja a unas cuantas cuadras. Los policías, sumamente molestos, solicitan refuerzos para ir en su búsqueda y reportan que la familia los golpeó.
Cinco horas después, alrededor de las 21:30, la familia continúa en el convivio y llega un grupo de 10 a 12 vehículos, seis sujetos armados descienden de ellos y allanan la casa, mientras el resto permanece afuera y mantiene comunicación mediante radios de onda corta y claves numéricas propias de los cuerpos policiacos. Los agresores someten con lujo de violencia a miembros de la familia Muñoz y amigos. Golpean a los hombres, amenazan a las mujeres y niños, destrozan la casa. Finalmente, esposan y se llevan a todos los varones presentes: al padre de familia, Toribio Muñoz González; cuatro de sus hijos, Guadalupe Muñoz Veleta, Jaime Muñoz Veleta, Óscar Muñoz Veleta y Hugo Muñoz Veleta; su yerno, Nemesio Solís González, y dos sobrinos, Luis Romo Muñoz y Óscar Guadalupe Cruz Bustos.
Dos días después, el 21 de junio, un comando penetra a la fuerza al Centro de Rehabilitación de Adicciones, Caadic, en la colonia Tierra Nueva de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, y secuestra a por lo menos cinco internos, un trabajador y el director del mismo. Desde entonces no se ha sabido más de ninguno de ellos, y sus familias no proporcionan más datos, por las amenazas que han recibido.
A finales de julio desaparece de Ciudad Cuauhtémoc el abogado Mario Ibarra Rascón. Su padre, Mario Ibarra Rodríguez, ganadero, empieza a investigar la desaparición de su hijo. El 12 de agosto, Ibarra Sr. desaparece también en compañía de sus hermanos Artemisa y Jorge, quienes habían llegado de Ciudad Juárez a visitarlo y externarle su apoyo por la desaparición de su hijo. Previamente, en el mes de abril, otro hermano de ellos, Aristófanes Ibarra Rodríguez, residente en Los Ángeles, California, había sido secuestrado en un hotel de Guadalajara. Hasta ahora las autoridades no han dado cuenta de ninguna investigación sobre el paradero de los cinco miembros de la familia Ibarra.
Precisamente, una de las constantes en estas y otras desapariciones forzadas es la pobre o nula actuación de las autoridades de todos los niveles para esclarecer los casos. Otra, las amenazas sobre los deudos de las personas desaparecidas, que muchas veces culminan en la desaparición de otras más, o en el cambio de residencia de familias completas, la mayor parte de las veces a Estados Unidos, dado el clima de terror a que se ven sometidas.
Estamos en guerra, es inútil hacerse las ilusiones o discursear negándolo. Un nuevo tipo de guerra, posible sólo en el contexto de la globalización, por más que se libre principalmente en nuestro territorio. En ella miles de personas de la población civil sufren la muerte, la tortura, el despojo, la desaparición forzada, sin pertenecer a ninguno de los bandos en lid. Es necesario llevar a juicio a los responsables de este sufrimiento sin fin. Es necesario adoptar una política de Estado para atender a tantas víctimas.
