Casi cuatro meses después del primer encuentro en el alcázar de Chapultepec, pese a la tentativa oficial infructuosa de modificar el formato, el presidente Felipe Calderón volverá a reunirse con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), hoy.

En el actual escenario aparecen no sólo la espiral de violencia y nuevas entidades insertas en ella, sino también la ratificación gubernamental de que no dará marcha atrás en la estrategia militarizada de combate al crimen organizado, mientras las cuatro mesas de trabajo instaladas están lejos de cumplir las expectativas y la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Pro Víctima) fue descalificada por el movimiento.

Durante estos más de tres meses de trabajos los avances en la atención a casos emblemáticos –reivindicados por el MPJD en el Pacto Nacional Ciudadano– han sido prácticamente nulos. Persisten las diferencias de fondo en torno a los alcances del combate al crimen, calificado de guerra por el movimiento.

Ese término es rechazado en las mesas por la representación gubernamental, ya que si bien ha sido utilizado por Calderón en algunos discursos, no es aceptado en las discusiones, por la implicación legal que involucra. Así, la definición oficial en las mesas es violencia social.

Elías Canetti decía que donde hay un muerto hay guerra. Nosotros llevamos ya 50 mil, resume Pietro Ameglio en torno al diferendo conceptual que ha formado parte de los desencuentros de fondo.

Por añadidura, en días pasados fue asesinado –presuntamente por grupos paramilitares– el activista Pedro Leyva, de la comunidad indígena michoacana de Ostula, quien estaba contemplado por el MPJD como orador en el encuentro, por su vinculación con la policía comunitaria.

Encabezado por Javier Sicilia, el movimiento volverá al Castillo de Chapultepec. Tras la reunión del 23 de junio pasado, las formas utilizadas por el poeta con el mandatario y la entrega de un escapulario derivaron en duras críticas. Incluso algunos sectores rechazaron la realización misma del diálogo.

De entonces a la fecha hubo un atentado en el casino Royale, de Monterrey, Nuevo León, que dejó más de 50 muertos, y se recrudeció la violencia en Guerrero y Veracruz, al tiempo que se sumaron 10 mil bajas a las 40 mil reconocidas entonces.

Hace un par de semanas, cuando la Secretaría de Gobernación entregó una propuesta formal para un nuevo encuentro, en una reunión amplia con otras organizaciones con agendas similares, desde el MPJD se valoró que esa pretensión virtualmente descarrilaba el diálogo, implicaba un incumplimiento del compromiso presidencial y confería razón a quienes vaticinaban la inutilidad del mismo. Una semana después, Presidencia rectificó y se programó el encuentro para este viernes por la mañana.

La reunión –en la que, al tiempo que se hará un balance desde el movimiento de los escasos avances en las mesas de trabajo, la paulatina baja del nivel de funcionarios asistentes y la inflexibilidad gubernamental para analizar otras opciones de combate al crimen organizado– virtualmente se traducirá en la conclusión de una etapa.

Se valorará si con los encuentros se han alcanzado los objetivos centrales (detener la violencia, cambiar la estrategia militarizada y la atención a víctimas) y se determinará si habrá modificaciones, señaló Ameglio.

Quizá uno de los logros tangibles de las mesas fue la creación de Pro Víctima, pero su estructura y alcances dejaron insatisfecho al movimiento, pues se planteó asociarla a una comisión de la verdad y crear una institución sólida, más allá de la coyuntura de final de sexenio.

Sin consulta al MPJD antes de hacerla pública, al rechazo original de Sicilia, posteriormente matizado, siguió la negativa de integrantes del movimiento a la pretensión gubernamental de incorporarlos en el consejo de esta instancia.

La creación de la procuraduría (de atención a víctimas) se posibilitó en gran medida por el trabajo de visibilización de las miles de víctimas que permitió el movimiento en sus dos caravanas, considera Ameglio.

Incluso, la reciente mención presidencial sobre el creciente drama de los desaparecidos se desprende también de las acusaciones hechas en la marcha de Cuernavaca al Distrito Federal y las caravanas al sur y al norte.

Particular énfasis habrá en el caso del comunero de Ostula, definido como gravísimo por las implicaciones que tiene la operación de grupos paramilitares y por el mensaje que implica respecto de una de las experiencias alternativas que ha dado el MPJD en la estrategia de combate al crimen, agregó.

Tal es el escenario, sustancialmente diferente al que generó tantas expectativas en junio pasado.