Miembros de la campaña Sin maíz no hay país se sumaron a la crítica que organizaciones campesinas hicieron en torno al recorte presupuestal al programa Procampo y su traslado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Juan Olmedo, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), apuntó que el proyecto de presupuesto del gobierno federal en lugar de beneficiar a uno de los sectores más desprotegidos, que son los campesinos e indígenas, traslada (los recursos) a otro sector.

Consideró que pasar el manejo de Procampo a la Sedeso tiene fines proselitistas relacionados con el año electoral, para beneficiar al clientelismo que tiene el partido en el poder.

En entrevista por separado, Rosalba Calva, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA), agregó: Nos pronunciamos porque en el padrón de Procampo estén las organizaciones que realmente requieren apoyo, porque sabemos que a veces se va a productores de muy alta escala.

Asimismo, saludaron la publicación en el Diario Oficial de la Federación del derecho a la alimentación y llamaron al gobierno federal a diseñar un presupuesto que permita garantizarlo.

En ese sentido, Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, demandó al Congreso ser congruente con ese derecho y dotar al Programa Especial Concurrente 2012 de un presupuesto suficiente que garantice la producción de alimentos básicos y estratégicos para alcanzar la soberanía y seguridad agroalimentaria del país.

En un comunicado, reiteró a los legisladores su propuesta de reorientar el presupuesto bajo tres rubros: frenar la creciente pobreza alimentaria, contrarrestar la obesidad y malnutrición de la población, así como reducir en al menos 30 por ciento la dependencia alimentaria del país.