s poca o nula la relación que guarda la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación en el país –promulgada el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación– con una realidad nacional como la presente, lacerada por la pobreza y el hambre. Un botón de muestra desolador es lo que ocurre en Durango, donde las persistentes sequías registradas desde hace más de un año han dejado a más de 60 mil habitantes de entornos rurales sin comestibles suficientes para subsistir, y en donde el gobierno estatal se ha visto obligado a realizar colectas de víveres para paliar en alguna medida la tragedia social.
Lo que ocurre en Durango no es un hecho aislado. El hambre en el país se ha incrementado, incluso en las cifras oficiales en la materia: según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, durante 2010 unos 28 millones de mexicanos enfrentaron carencias en acceso a los alimentos, indicador que subió en casi cinco millones respecto de la anterior medición, en 2008.
Sin desconocer que la actual escalada de hambre en países como el nuestro involucra factores coyunturales y climatológicos, como las sequías, sería erróneo atribuir la persistencia de ese flagelo a ese tipo de variables. Al contrario, el incremento de ese fenómeno en México y en otras naciones de la región y del mundo coincide, significativamente, con un escenario de volatilidad y alzas históricas en los precios internacionales,, que registran incrementos de hasta 130 por ciento respecto del periodo 2000-2005 y de 3.1 por ciento con relación a los observados durante la crisis de 2008, según un informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
La circunstancia descrita representa una descalificación rotunda a la política alimentaria vigente, consensuada e impuesta desde hace casi tres décadas desde los centros del poder económico mundial, y cuyo acatamiento ha implicado, en naciones como la nuestra, el desmantelamiento del apoyo estatal a la pequeña agricultura, el fin de los incentivos a la producción y el consumo internos, la preconización del libre intercambio comercial y, en consecuencia, la pérdida de soberanía en ese aspecto, el sometimiento de la población a los vaivenes del mercado y la multiplicación de la población en situación de hambre.
En el caso concreto de México, la gravedad del escenario internacional se conjuga con los efectos negativos de la aplicación del modelo neoliberal: el gobierno ha renunciado a proteger la economía popular y carece de las políticas sociales necesarias para contrarrestar en alguna medida los efectos de la carestía en los alimentos de los mexicanos, y que representa una amenaza para la estabilidad social y política de la nación. La continuidad acrítica del actual rumbo económico y agrícola ha llevado a las autoridades incluso a proponer y adoptar, como soluciones, medidas como el incremento en las importaciones de granos y el abatimiento de aranceles a productos agrícolas, las cuales ahondan la alarmante postración del agro mexicano, agudizan la pérdida de autosuficiencia alimentaria y terminan por multiplicar y extender el problema del hambre.
En la actualidad, la solución efectiva a la carestía de alimentos pasa por el apoyo gubernamental a los pequeños productores, a fin de recuperar, con ello, el terreno perdido en materia de autosuficiencia. Importar alimentos de otros países podrá resultar más barato que producirlos en el nuestro, y los subsidios y las barreras arancelarias podrán ser vistos casi como pecados por la ortodoxia neoliberal. Pero en el momento actual debe imponerse el sentido común: las autoridades deben entender que la salvaguarda de la seguridad alimentaria y la realización del derecho constitucional a la alimentación tienen un costo que debe ser asumido por el Estado. De otra manera, se estarán preservando condiciones que hacen imposible no sólo el cumplimiento de la reforma recientemente promulgada, sino también la realización de metas como la democracia, la justicia y la paz social.
