os hechos ocurridos esta semana nos recuerdan por si hace falta dos de las más graves crisis que convergen en la coyuntura actual.
Por un lado, un grupo de más de 40 políticos, intelectuales y académicos publican un desplegado donde argumentan en favor de gobiernos de coalición. Se trata de un grupo heterogéneo donde convergen quienes ven en los gobiernos de coalición una forma de reforzar el presidencialismo –la iniciativa del senador Beltrones es clara al respecto– y quienes conciben los gobiernos de coalición como el tránsito hacia un régimen semi-presidencial o parlamentario –como es el caso de Cordera, Woldenberg, Becerra, y otros firmantes de un documento producido hace más de un año por el Instituto de Estudios para la Transición de la Democracia intitulado Equidad social y parlamentarismo.
La polémica desatada por el manifiesto Por una democracia constitucional ha coincidido con el debate de la minuta de reforma política enviada por el Senado a la Cámara de Diputados. Lo que han terminado por parir es un pequeño ratón contrahecho. Ambas circunstancias –el manifiesto y el debate legislativo– ilustran por si hiciera falta la crisis de representación política que viene acompañando a nuestro país desde hace dos décadas, pero que ahora ha llegado a una situación extremadamente peligrosa. Los tres partidos principales están fuertemente divididos en su interior y en consecuencia ninguno representa una posición coherente. La principal divergencia que tiene por centro el cómo acceder o conservar el poder político, responde por vías alternativas a la pregunta de cómo gobernar la pluralidad.
El otro hecho de la coyuntura actual ha sido el diálogo promovido por el Movimiento por una paz con dignidad y justicia con el poder ejecutivo. Aquí no sólo se expresa la profunda crisis de seguridad pública con su horripilante cauda de muertos y víctimas; y también de corrupción, degradación y dispendio de las energías morales de una sociedad. Javier Sicilia en un artículo en Proceso (11 septiembre 2011) usa el concepto de Camus de amor abstracto
para caracterizar al presidente Calderón en su guerra contra el crimen organizado: “En nombre de la protección de los jóvenes de la droga… desencadenó una guerra que ha cobrado más de 60 mil vidas…Para Calderón los jóvenes muertos…son un mal necesario cuya justificación es su amor por ellos”. La crisis de seguridad muestra además la fragilidad de un Estado fragmentado y colonizado por diversos poderes fácticos.
Pero en el trasfondo de ambas crisis se resienten los signos ominosos de la crisis económica que nos viene de afuera pero también ha estado presente entre nosotros en los últimos 20 años. La pregunta clave es por qué hemos tenido ese crecimiento mediocre. Dos respuestas despuntan. La primera expresada por Ros y Moreno (FCE, 2010) reside en la baja tasa de inversión influida por cuatro factores: baja inversión pública particularmente en infraestructura, apreciado tipo de cambio real, ausencia de política industrial y carencia de financiamiento bancario. Otra respuesta, a mi parecer complementaria, y desde la economía política la proponen Santiago Levy y Michael Walton (Palgrave, 2009) la ubican en un régimen rentista basado en profundas desigualdades y sostenidas por un equilibrio político que comparte esas rentas.
En cualquier caso lo que es evidente es que sea por el lado de la crisis de representación, de la crisis de seguridad o por los problemas de estancamiento económico y desempleo; se requiere un cambio de régimen que sólo puede provenir de la conjunción de una coalición de partidos y de una coalición de ciudadanos animados por una plataforma mínima común y un compromiso ético de gran envergadura. En mis siguientes colaboraciones exploraré las condiciones de esa conjunción pero desde el lado de la movilización ciudadana.
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