La representación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México señaló ayer que las reformas que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres, como el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo en las circunstancias que prevé la ley.

En un comunicado, reiteró la importancia de incorporar en la legislación y en las políticas públicas los derechos humanos de este sector de la población, reconocidos en los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado mexicano.

Entre estos últimos, la ONU recordó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; los pactos internacionales de derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, así como las observaciones emitidas por los comités respectivos, que representan importantes precedentes vinculantes para México.

Puntualizó que las garantías de las mujeres –reconocidas en los citados instrumentos– incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relacionadas con su cuerpo, los cuales abarcan la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia.

También se encuentra el acceso universal a la educación, la información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad; disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia; el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo, en las circunstancias previstas en la ley, el cual debe cumplir con las condiciones de seguridad, calidad y calidez, así como la realización de campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, dirigidas al personal sanitario y al público en general.

El organismo advirtió que la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias, como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/Sida.

Asimismo, pone en riesgo la realización del quinto objetivo de desarrollo del milenio, referido a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva.

Diferentes comités y relatorías de las Naciones Unidas han recomendado al Estado mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación en la materia con los tratados internacionales, resaltó.

En su comunicado, la ONU dijo haber seguido con atención y respeto el debate nacional sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativa a la acción de inconstitucionalidad contra las reformas de Baja California y San Luis Potosí.

Reconoció que en ambos casos, la mayoría de los ministros se pronunció en favor de los derechos humanos de las mujeres, al señalar que las reformas de los estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar sus derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que son constitucionales las dos reformas mencionadas, mismas que impiden la interrupción del embarazo.