Tultitlan, Méx., 15 de octubre. La organización no gubernamental Apoyo al Migrante exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y al gobierno municipal aclarar el homicidio de la hondureña María Marisol Ortiz Hernández y ubicar el paradero de su hijo, de menos de un año de edad.

Exigimos a la procuraduría y al alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo que hagan su trabajo; no es mucho pedir, dijo Patricia Carmona, representante de la organización.

Las autoridades federales, estatales y municipales exhiben plena indiferencia sobre actos de violencia que se cometen contra migrantes y en particular respecto al crimen contra María Marisol, agregó.

“Otra vez nos preguntamos: ¿quiénes fueron?, ¿cuál fue el motivo de ese feminicidio? Y, ¿dónde está el bebé de María”.

El jueves, el cadáver de María Marisol, de 33 años de edad, originaria de Honduras, fue encontrado en una zanja cerca de las vías del tren de la colonia Lechería, al parecer con huellas de estrangulamiento y semidesnuda.

Días antes estuvo en la Casa del Migrante y la última vez que se le vio empujaba la carriola donde traía a su hijo, de quien se desconoce el paradero.

Primero fue Julio Fernando Cardona Agustín, indígena guatemalteco de 19 años de edad, quien fue encontrado muerto la mañana del 7 de agosto pasado, a un lado de las vías del tren y a unos metros de la Casa del Migrante, recordó la defensora de los derechos humanos de indocumentados.

Expuso que en Tultitlán va en aumento la xenofobia, que incluso el alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo ha dicho que los extranjeros son gente que nada más viene a robar; y no es así, muchos son padres de familia que van en busca de empleo.

La organización convocó a organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes a concentrarse nuevamente en Tulitlán –como se hizo en el caso de Julio Fernando– para exigir que se aclare el crimen de María Marisol.

¡Ah caramba!, no sabía (de la muerte), hasta ahorita que me está informando usted, respondió Víctor Manuel Mejía Hernández, coordinador de derechos humanos del ayuntamiento, quien no no quiso dar una postura.

En tanto, habitantes de la calle cerrada de La Cruz, donde se ubica la Casa de Migrantes San Juan Diego, solicitaron a la Procuraduría estatal y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México y del municipio de Cuautitlán-México publicar un informe sobre el crimen de la mujer y aclarar el destino de su hijo.

Indicaron que tienen miedo de que ocurran más homicidios de mujeres, pues señalaron que el asesino anda suelto. Insistieron en que debe haber mayor vigilancia en la zona de vías de tren y dar mayor seguridad al flujo de indocumentados.