La influyente organización Hermandad de Trabajadores Electricistas de Estados Unidos (Brotherhood of Electrical Workers) envió una extensa carta al presidente Barack Obama y al Departamento de Energía –en Washington– demandándoles que nieguen el permiso solicitado por Sempra Energy para iniciar la construcción del proyecto eólico Sierra Juárez, en una extensión de 300 mil hectáreas ubicadas en suelo de México.

Dicha exigencia contrasta con el permiso condicionado otorgado ya por el gobierno mexicano mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El texto de 90 cuartillas –enviado a este diario– sostiene que el permiso de uso presidencial (DOE), que estaría firmado por Obama, es insostenible porque el Departamento de Energía no actuó en favor del interés público de Estados Unidos al elaborar su estudio de riesgo ambiental.

Señala que dicho estudio no cumple los requisitos de la NEPA (legislación de política ambiental nacional), y por tanto no garantiza que el proyecto no tendrá impacto en el medio ambiente. Además, el proyecto que se propone actualmente podría afectar la confiabilidad eléctrica en el sur de California. Por tanto, el permiso presidencial debe ser negado.

Robyn C. Purchia, dirigente de la hermandad, envió el documento al presidente de Estados Unidos y al doctor Jerry Pell, de la Oficina de Suministro de Electricidad y Fiabilidad Energética del Departamento de Energía, en Washington:

“Le estamos escribiendo en nombre de la International Brotherhood of Electrical Workers, Local 569, para comentar la solicitud de permiso presidencial de parte de Sempra Generation para emprender el proyecto Energía Sierra Juárez (ESJ) Gen-Tie Project, el cual requiere de un permiso de uso presidencial del Departamento de Energía (DOE), y un permiso de uso mayor de San Diego para conectar los parques eólicos ESJ del norte de Baja California, México, a la línea existente de transmisión de energía de enlace del sudoeste.

Semarnat ya autorizó el proyecto

A los parques eólicos ESJ se les concedió una aprobación condicional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, la cual aún puede ser impugnada administrativamente.

La hermandad refiere que tiene interés en hacer cumplir las leyes ambientales que fomenten el desarrollo sostenible y garanticen un ambiente de trabajo seguro para sus miembros. Los proyectos ambientalmente perjudiciales pueden poner en peligro puestos de trabajo en el futuro.

“En este caso, el proyecto también causaría efectos negativos significativos en el ámbito socioeconómico de Valle Imperial y San Diego, y de la economía regional del sur de California, facilitando el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable en México. Estos impactos socioeconómicos incluyen la pérdida de oportunidades de empleo, a la vez que dan lugar a cambios físicos en el medio ambiente, tales como la decadencia urbana y el deterioro.

Por las razones expuestas en detalle más adelante, el Departamento de Energía, legalmente, no puede aprobar el permiso presidencial. El Departamento de Energía no ha podido demostrar que dicha aprobación sea consistente con el interés público.

A decir de la organización de trabajadores, los requisitos legales para la expedición del aval presidencial no se han cumplido, porque la NEPA requiere que las agencias federales den cuenta debidamente de las consecuencias ambientales de sus acciones, y el Departamento de Energía deberá determinar los impactos ambientales asociados con la emisión de un permiso presidencial.

La aprobación del proyecto en cuestión no sería coherente con el interés público por dos razones: el informe de impacto ambiental preparado por el Departamento de Energía no ha cumplido con los requisitos de la NEPA y no contiene un análisis detallado de todos los impactos ambientales del proyecto ni propone las medidas posibles para reducir o evitar estos impactos. Además, el DOE no ha cumplido con la guía NEPA para emitir un documento conjunto de revisión ambiental, que también cumpla con la Ley de Calidad Ambiental de California para apoyar la emisión de un permiso de uso mayor por el condado de San Diego. El Departamento de Energía, por tanto, no se ha asegurado de que el proyecto cumplirá con el interés público en torno a evaluar y mitigar los posibles efectos ambientales del proyecto.

El reciente apagón evidenció la corrupción de empresas y autoridades, dice un líder priísta

Roberto Garduño

Al ponerse al descubierto una serie de hechos de corrupción, trato diferencial en las tarifas energéticas en favor de los grandes empresarios y en perjuicio de los consumidores locales, así como ineficiencia en los servicios que se prestan en la frontera norte del país, en Baja California se impulsa una iniciativa integral de reforma energética que proteja los intereses de la ciudadanía y garantice la sobernía nacional.

El apagón del 8 de septiembre en el sur de California, que afectó también a millones de habitantes de Tijuana, Tecate, Mexicali Ensenada y San Luis Río Colorado, detonó la iniciativa de proponer –por medio del PRI– en el Congreso federal una reforma energética que alivie las penurias de los mexicanos que pagan tarifas exorbitantes a lo largo de la frontera con Estados Unidos y, paradójicamente, buena parte de la electricidad que se consume en aquel país se produce en México a precios muy bajos.

Enrique Acosta, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Baja California, anunció que se elabora la iniciativa energética, “cuyo contenido garantice el bien nacional en favor de los habitantes del país. Es contradictorio que mi estado sea generador de energía y ahí se paguen las tarifas eléctricas más altas. Tenemos un subsidio que ayuda en poco, pero no ha habido una responsabilidad para resolver este tema; han ido candidatos a la Presidencia de México, como Zedillo, Fox y Calderón, que han prometido resolver ese tema, y por desgracia sólo han mentido.

Lo que pasó en este apagón realmente desnudó la realidad energética que vivimos en Baja California y, lógicamente, en México. Creo que es momento de que el gobierno federal y el Congreso de la Unión hagan reformas que den autonomía y no dependencia a los mexicanos en el manejo de la energía eléctrica y del gas natural. Debe revisarse muy bien cómo el gas de uso que se licua en Baja California tampoco se encuentra gravado para nada. Desde luego que debe analizarse la situación de las empresas extranjeras que se dedican a la generación y exportación de electricidad en el país, particularmente en Baja California.

–¿Por qué es necesaria una reforma energética de fondo como la que ustedes plantean?

–Creo que debe reivindicarse la calidad de los mexicanos en nuestra relación con los extranjeros. No podemos ser tratados desigualmente en nuestra propia tierra, ya que somos utilizados únicamente como instrumentos para que ellos resuelvan sus problemas energéticos, pero lo más grave es que no nos deja nada; si tú ves sus altas ante Hacienda son considerados como empresas maquiladoras, lo que es un atraco al fisco mexicano.

–¿De qué calado sería la reforma que plantea para dar autonomía e independencia a México en materia energética, del petróleo, de energías no renovables?

–Creo que México es un país riquísimo en recursos naturales. Tenemos yacimientos importantísimos e inclusive no explorados, y vemos cómo otros países vienen y usufructúan nuestra riqueza y nosotros nos estamos quedando sin nada.