Senadores del PRD advirtieron que la negativa del presidente Felipe Calderón a integrar una comisión de la verdad se debe al temor que se le juzgue a él y a las Fuerzas Armadas por la muerte de civiles inocentes durante los operativos contra el crimen organizado.

Evidentemente en ningún momento Calderón va a aceptar una comisión de la verdad, sólo que las dimensiones del problema son tales que de no integrarse ahora puede que en el futuro sí y sería francamente inconveniente para él, comentó el senador Tomás Torres.

Su compañero de bancada Arturo Núñez Jiménez resaltó que aunque es obvio que no se vive en una dictadura, los más de 40 mil muertos en lo que va del sexenio ameritan una comisión que investigue en qué circunstancias perdieron la vida. Un elemento adicional, dijo, es el involucramiento de elementos militares y de la Marina en la muerte de civiles.

Ambos coincidieron en que, aun sin comisión de la verdad, es necesario que se haga un reporte de los fallecidos y se investigue las circunstancias de su deceso. La tarea, señalaron, corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por lo menos, un recuento de los muertos: Tomás Torres

Torres comentó que el Ejecutivo debe por lo menos aceptar un recuento de los muertos, especialmente de esos a los que se denomina colaterales. El recuento, detalló, tiene que hacerse porque se trata de homicidios y los expedientes no pueden mandarse al archivo.

Adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa para la protección de víctimas de delito y uno de los puntos que contiene es justamente el recuento, además de la responsabilidad patrimonial directa del Estado por los daños que ha causado con la estrategia que puso en marcha contra la violencia y la inseguridad.

La tarea, insistió le corresponde a la CNDH, organismo que, de acuerdo con la reciente reforma constitucional en la materia, tiene la facultad de investigar relaciones graves de derechos humanos.

La CNDH está muy pasiva, muy académica, muy en la abstracción; es hora que dé muestra de eficacia y de utilidad social y le entre a esa tarea, que es muy importante.

Núñez Jiménez, en tanto, hizo notar que con esa reforma constitucional sobre derechos humanos, que entró en vigor el pasado 3 de junio, se dotó a la CNDH de dientes, ya que entre otras cosas ninguna autoridad podrá negarle la información que solicite, aún cuando esté reservado.