a decisión del gobierno del estado de Alabama de declarar la guerra a los trabajadores indocumentados pudiera tener consecuencias inesperadas en la política laboral de ése y otros estados que lo han seguido en su política antinmigrante.
Hasta el viernes de la semana pasada habían abandonado el estado 185 mil personas de origen latino, atemorizadas por las consecuencias que pudiera tener la aplicación de la ley, una de cuyas disposiciones establece que la policía puede detener a quien sea sospechoso de ser indocumentado y ponerlo a disposición de las autoridades migratorias. Al día siguiente de entrar en vigor la ley, las instalaciones de más de una empresa estaban semidesiertas por la ausencia de trabajadores; los servicios en hoteles y restaurantes se vieron seriamente afectados y las escuelas reportaron un ausentismo inusitado.
Algunos de quienes se expresaron en los medios de comunicación en torno a este asunto consideraron que el éxodo de trabajadores beneficiará a quienes están desempleados; otros dijeron estar preocupados porque no será fácil remplazar a quienes han abandonado sus trabajos, principalmente en el campo y en las plantas procesadoras de alimentos. A juicio de un funcionario de la asociación que agrupa a los productores de alimentos, será factible remplazar a quienes dejaron sus trabajos con los que han perdido el empleo como resultado de la crisis económica que sufre el país. Sin embargo, agrega, hay el riesgo de que el remplazo sea muy lento y no sean cubiertos todos los puestos que ahora están vacantes. Además, quienes sustituyan a los trabajadores indocumentados exigirán el salario mínimo que la ley establece, lo que implicará un encarecimiento en el sector de productos alimenticios, y también en el de los servicios.
De esta situación se pudieran derivar dos consecuencias: que la mano de obra inmigrante resultara innecesaria para la economía, como han sugerido algunos legisladores en ese estado, o que este éxodo masivo tuviera efectos devastadores para el sector alimentario y de servicios, lo que obligaría a los promotores de la ley a rectificar, no por una cuestión humanitaria, sino por necesidad económica. Una tercera posibilidad es que, en respuesta a la falta de trabajadores, las autoridades del estado sugirieran a la policía flexibilidad en la aplicación de la ley. Esto daría paso a la contratación irregular
de trabajadores indocumentados, incluso con salarios menores de los que se les pagan ahora, como de hecho ha venido sucediendo en buena parte de Estados Unidos.
En cualquier caso, quienes carecen de documentos migratorios seguirán arriesgándose a ser detenidos y deportados debido a que, para la mayoría de ellos, no hay condiciones de vida digna en los países de los que provienen, uno de ellos México, a pesar de que sus autoridades insisten en lo contrario.
