En unos días la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) empezará una consulta pública encaminada a integrar las bases para licitar hasta dos canales de televisión digital abierta, informó el presidente del órgano regulador, Mony de Swaan.

Señaló que la consulta del que se pretende sea el programa licitatorio busca determinar el apetito del mercado, la capacidad espectral, si se tratará de cadenas regionales o nacionales, entre otras dudas que tienen los comisionados. Aseguró que esta licitación empezará antes de que termine el sexenio.

De Swaan señaló que durante el encuentro que sostendrá esta semana con los integrantes de la Cámara Nacional de la Radio y Televisión (CIRT) abordará los temas fundamentales para esta industria, como refrendos, la migración de estaciones de amplitud modulada (AM) a frecuencia modulada (FM), y los avances sobre la licitación de una o dos nuevas cadenas de televisión.

Explicó que el pasado 5 de octubre el pleno de la Cofetel conoció un documento que podría ser el que se constituya como el programa licitatorio de hasta dos canales digitales. Con esa base se tomaron tres decisiones: una es seguir revisando el estudio de mercado que dio origen a ese proyecto de programa, y otra seguir fortaleciendo la parte jurídica porque la Ley Federal de Radio y Televisión ha sido no sólo reformada, sino hasta revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin que después de su resolución el Congreso haya revisado esa redacción, y entonces los retos jurídicos no son pocos.

La tercera decisión, puntualizó, es que el pleno acordó efectuar una consulta pública que lanzaremos en los próximos días para tener respuestas sobre el apetito del mercado por una o dos cadenas de televisión digital abierta, si deberán ser regionales o nacionales, así como conocer las opiniones de todos los interesados en el tema.

La consulta pública podría durar un mes, dependiendo de la decisión del pleno; luego se publicará el programa licitatorio –que prácticamente es el comienzo de la licitación–, y a partir de ahí habrá 30 días para que se tomen decisiones como que la Cofetel decida si procede o no el concurso, y en todo caso se publicarán las bases de licitación y la convocatoria, lo que podría llevarse entre 12 y 18 meses. Aseguró que el proceso comenzaría en este sexenio, aunque la Cofetel no se rija por esos tiempos.

De Swaan señaló que en radio los avances han sido más notables y ágiles, por lo que el tema de los refrendos va viento en popa; el compromiso de la Cofetel es terminar con la entrega de todos los refrendos que se hayan vencido a finales de este año. La migración de AM a FM también va bien, pasamos de 36 autorizaciones en agosto a 476. Es un aumento realmente importante que nos permite asumir el compromiso de que la migración estará concluida al terminar este año.

Detalló que el estándar digital de radio que incluye la multiplexación de tele espectro en radio también avanza, por lo que hay ocho autorizaciones: dos son concesionarios y seis permisionarios que han solicitado su adopción voluntaria de Iboc y para prestar servicios de multiplexación.

Destacó que con los radiodifusores se podrán discutir en breve las bases para licitar 20 estaciones en 20 localidades.

Presentan el portal MiCofetel

El Congreso de la Unión debe legislar para modificar las facultades de la Cofetel, debido a que la multa máxima que puede aplicar es de 4.5 millones de pesos, en un mercado que vale por lo menos 33 mil millones de dólares, advirtió el presidente de ese órgano regulador, Mony de Swaan, y destacó que es indispensable proteger a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

El funcionario presentó el portal MiCofetel, que es una herramienta para que los clientes de las empresas de telecomunicaciones en México presenten quejas sobre la calidad y precio de los servicios, pero también es un instrumento de asesoría sobre contratos y de información estadística.

Detalló que aunque hay operadores que consideran que la Cofetel no debe informar sobre los procesos de investigación o multas que se les imponen, los consumidores tienen el derecho fundamental de estar informados sobre el comportamiento de sus proveedores, así como calidad, precios, contratos, ineficiencias y errores de las empresas con las que contratan servicios.