En años recientes los medios han dedicado mucha atención a la creciente violencia que rodea la batalla del gobierno de México contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, aunque el número de asesinatos se ha elevado en forma dramática en este país, México no es ni con mucho la nación con la tasa más alta de violencia en el continente americano. Según los datos más recientes de la Oficina de Drogas y Crimen (ODC) de la ONU, el problema es peor en muchos otros países y territorios de la región, en particular en Centroamérica. Además, los índices de homicidio se relacionan estrechamente con el nivel de desarrollo social y económico de cada nación.

A escala mundial, América ocupa un lugar preponderante en incidencia de homicidios. De los 468 mil asesinatos registrados en 2010, 36% ocurrieron en África, 31% en América, 27% en Asia, 5% en Europa y 1% en Oceanía, según el informe más reciente de la ODC, titulado Estudio global sobre el homicidio. Más de 25% de los homicidios cometidos en América se relacionan con el crimen organizado y las actividades de las bandas criminales.

En este contexto no se puede desdeñar la rápida expansión de la violencia en México en particular, donde, aparte de que ha aumentado la cantidad de homicidios relacionados con el narcotráfico y la guerra del gobierno contra las drogas, los actos violentos se han vuelto también más grotescos. En uno de los casos más recientes, ocurrido este mes, se encontraron 32 cuerpos en varias casas del puerto de Veracruz, que se ha vuelto un punto importante de tránsito de las drogas hacia Estados Unidos. Dos semanas antes, 35 cuerpos mutilados fueron arrojados a plena luz del día en Boca del Río, municipio conurbado a esa ciudad. Otro escalofriante episodio sucedió en agosto, cuando un incendio provocado en un casino de Monterrey dejó por lo menos 53 muertos.

El número creciente de tales asesinatos en masa, perpetrados tanto por cárteles de la droga como, cada vez con más frecuencia, por grupos de venganza de corte paramilitar, sugiere a algunos que el gobierno ha perdido el control de su campaña anticrimen y de sus propias fuerzas armadas. Según cifras oficiales, del 1º de diciembre de 2006 –cuando el presidente Felipe Calderón emprendió su guerra enviando miles de soldados a los estados infestados por el crimen– hasta el 20 de septiembre de 2011 se produjeron 44 mil 634 muertes relacionadas con este conflicto.

Sin embargo, pese a la naturaleza sombría y patente de la violencia en México, el número de homicidios en este país no encabeza la tabla respectiva en el continente americano. Según el informe de la ODC, la cuota de homicidios en México llegó en 2010 a 18.1 por 100 mil habitantes. Si bien es una cifra alta comparada con 1.8 de Canadá y 5 de Estados Unidos, hubo 21 países o territorios en América (de un total de 46) que tienen tasas aún más elevadas. Los peores casos están en América Central: el promedio de homicidios en Honduras fue de 82.1 por 100 mil en 2010, en tanto la de El Salvador fue de 66. Detrás vienen Jamaica (52.1), Venezuela (49) y las Islas Vírgenes estadunidenses (39.2). Aun Colombia, donde se ha hecho enorme progreso en materia de seguridad en los ocho años recientes, la tasa, de 33.4, se mantiene mucho más alta que la de México.

Mano dura y otras iniciativas

En los países centroamericanos, el problema no sólo involucra a las bandas callejeras locales, sino también al influjo de los cárteles mexicanos, en especial los notorios Zetas. Esos grupos han extendido sus redes criminales y sus operaciones de narcóticos hacia Guatemala y otras naciones de la región, en buena medida en respuesta a las acciones de los militares mexicanos en su contra en los cinco años pasados. Los Zetas han cometido varias masacres en Guatemala.

La policía y otras fuerzas de seguridad en las pequeñas naciones de Centroamérica y el Caribe están en general mucho menos equipadas incluso que las de México para enfrentar este aumento de la violencia relacionada con las drogas. El temor público ha conducido a adoptar políticas de mano dura en años recientes, incluidos ataques a las bandas juveniles y cada vez más encarcelamientos. En Guatemala, se prevé que un ex militar, Otto Pérez Molina, gane la presidencia en una segunda vuelta el 6 de noviembre, precisamente a causa de su estricta plataforma de ley y orden.

En México, el gobierno se apoya cada vez más en la asistencia estadunidense, parte de la cual ha generado fuerte polémica. Según un artículo de The New York Times, el 6 de agosto, Estados Unidos ha estado enviando agentes de la CIA y militares retirados a México en bajos números. También se informa que Washington tiene planes de integrar un equipo de contratistas privados –entre ellos ex operativos de la CIA y ex oficiales de fuerzas especiales– dentro de una unidad antinarcóticos de la policía local.

Funcionarios de ambos países han revelado que estos nuevos esfuerzos se han ideado para dar la vuelta a las leyes mexicanas, que prohíben la operación de militares y policías extranjeros en el país, y para evitar que la avanzada tecnología de vigilancia de Estados Unidos quede bajo control de las agencias mexicanas de seguridad (que tienen antecedentes de corrupción). Pero han desencadenado críticas significativas de las fuerzas de oposición.

Más allá de las críticas, el papel creciente de EU en los esfuerzos antinarcóticos del gobierno mexicano da testimonio de la incapacidad de éste para contener la violencia, o para evitar que se convierta en una amenaza contra el otro lado de la frontera norte. Ahora las autoridades de los dos países creen que se requiere mayor cooperación entre ellas para reducir la violencia a niveles más manejables.

También los gobiernos del Caribe enfrentan una situación que se acerca al punto crítico y han desplegado varias iniciativas en años recientes para enfrentarla. Los decomisos de drogas y arrestos en Jamaica desde el lanzamiento de una iniciativa con apoyo internacional, conocida como Operación Kingfish, en 2004, han conducido a cierta disminución del crimen y al desplazamiento del tráfico hacia el este del Caribe, Centroamérica y México, al reconfigurarse las rutas de envío. Nuevos guardacostas y sistemas de radar costero adquiridos por Trinidad y Tobago y Barbados podrían comenzar a mostrar resultados y contribuir a controlar las rutas de las drogas a través del este del Caribe en los próximos años.

Los esfuerzos locales han sido impulsados por un mayor financiamiento estadunidense, conforme a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. Y en fechas más recientes, Trinidad y Tobago impuso el estado de emergencia en agosto (extendido por tres meses en septiembre) como parte de una ofensiva para desmantelar las bandas locales. Sin embargo, la corrupción de los funcionarios públicos y el socavamiento de leyes e insituciones han obstruido esas iniciativas.

El crimen, ligado al desarrollo

Todos estos gobiernos enfrentan una batalla cuesta arriba, y es probable que la campaña contra el crimen se mantenga como un asunto complicado durante muchos años más. Y las soluciones no se encontrarán sólo reforzando las corporaciones de seguridad o adoptando políticas de mano dura. Según la ONU, existe una fuerte correlación entre el homicidio y el desarrollo, en la que los altos niveles de homicidio están asociados con un bajo desarrollo humano y económico. Para erradicar el problema de la violencia, también tienen que resolverse las desigualdades de ingreso y otras disparidades sociales. También los niveles de desempeño económico tienen efecto sobre el homicidio: las tasas de asesinatos en Sudamérica, por ejemplo, se han reducido durante periodos de crecimiento económico. Y en todos los países donde se ha fortalecido el estado de derecho, los niveles de homicidio han disminuido.

En consecuencia, dice Yuri Fedotov, director ejecutivo de la ODC, para lograr objetivos económicos y hacer frente a la violencia, las políticas de prevención del crimen deben combinarse con desarrollo social y económico, así como con una gobernabilidad democrática basada en el estado de derecho. Para muchos gobiernos, esos objetivos combinados serán un desafío muy difícil de enfrentar.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya