fines de septiembre de este año, en la tercera edición de las Jornadas Andino-Mesoamericanas, el comunero nahua Pedro Leiva Martínez tomó la palabra. Con firmeza explicó: Para nosotros la guerra todavía no ha terminado. Todavía seguimos combatiendo a aquellos que nos han pisoteado. Nosotros el fusil no lo hemos soltado, el fusil todavía lo traemos en la mano. Todavía seguimos luchando, seguimos defendiéndonos.

El 6 de octubre, pocos días después de explicar en la ciudad de México la historia de su lucha, Pedro Leiva fue asesinado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan. Las autoridades y la prensa local quisieron presentar el homicidio como resultado de un pleito familiar en una noche de tragos. Pero la versión está llena de contradicciones e inconsistencias.

La muerte forma parte de una sangrienta represión por parte de pequeños propietarios y sus pistoleros contra los comuneros de Ostula, que no perdonan a los indígenas el haber recuperado mil 300 hectáreas que los agricultores y ganaderos mestizos comenzaron a invadir hace 40 años. Desde el 26 de julio de 2008 han sido asesinados 27 comuneros, tres de ellos maestros rurales, y secuestrados-desaparecidos cinco más. Varias de las víctimas eran autoridades comunales, responsables de la encargatura o integrantes de la policía comunitaria.

Leiva Domínguez fue asesinado a pocos días de que la comunidad concluyera una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica a la comunidad sobre la posesión y propiedad del territorio. Sin embargo, la consulta no ha finalizado debido a la ola de violencia que padecen los representantes comunitarios. Pedro fue parte de la comisión negociadora de los indígenas nahuas.

Las tierras comunales, amparadas por títulos primordiales, fueron recuperadas después de una larga y tenaz labor organizativa, acompañada de la recuperación de la autoestima y la dignidad indígena. Además del robo de su territorio, la gente de razón humillaba cotidianamente a los comuneros. Pedro explicó cómo nos hierve la sangre al mirar tanto despojo, y cómo es necesario decirle ¡basta! al temblor que trae uno en su corazón.

Debido a que los partidos políticos en lugar de servir a los comuneros de Ostula los dividían, éstos, en asamblea general, decidieron no votar. Los políticos se acercaban a ellos en tiempo de elecciones. Les daban frijol o láminas y les pedían su voto y luego olvidaban sus promesas. En el camino los comuneros formaron, sin pedir permiso al gobierno, su propia policía comunitaria y su guardia comunal, encargadas de la autodefensa y de la aplicación de su propia justicia.

Pedro nació en la comunidad La Palma Sola y era vecino de la ranchería Xayacalan, en el municipo de Aquila, Michoacán. Al morir tenía 34 años y estaba casado con Luz Aurora Ramírez Martínez. Era hijo del comisario de bienes comunales y tenía cuatro hermanos.

La comunidad recuperó sus tierras el 29 de junio de 2009. Ese día –contó Pedro– “llega mi padre y me dice: ‘hijo, prepárate, la comunidad te necesita. Es necesario que vayamos por nuestras tierras. Yo no sé quienes vayan a regresar. Tengo cinco hijos, pero no sé cuántos vayan a regresar. Vayan a casa, díganle a su madre que les prepare unos lonches. Cómprense un encendedor, una linterna y llévense un nailon. Llévense sus resorteras y un cuchillo o navaja’. Nos íbamos yendo a la batalla. Éramos nuevos.”

Ese 29 de junio centenares de comuneros fueron a rescatar lo que era suyo. Desde sus casas, los pequeños propietarios les espetaban con burla: Oh, indios, ¿para dónde van? No es tiempo de cangrejos. Los indígenas les respondieron que no iban por cangrejos, sino por sus tierras. Previamente, dentro del paraje habían metido ya unas mil personas. Sin embargo, la gente de razón había contratado a un grupo de paramilitares para hacerles frente. Recibieron a los comuneros con disparos de armas de alto calibre. Igual, los indígenas no se rajaron, se encomendaron a Dios y se siguieron de frente. Las tierras fueron recuperadas.

Desde ese día, grupos armados asuelan la comunidad y asesinan a sus dirigentes, sin que el gobierno intervenga, se investiguen los crímenes ni se castigue a los culpables.

Pedro era delegado de la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Tenemos que luchar –decía–, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil; es desgastante, tanto económica como física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad.”

Oscurecida por la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón se libra otra guerra: la de exterminio contra los pueblos indígenas en México. No es exageración. Día a día se asesina a dirigentes indígenas; ganaderos y empresas mineras y forestales invaden sus tierras y territorios, y se militarizan sus comunidades. El asesinato de Pedro es el último episodio de esta afrenta.

El 13 y 14 de junio de 2009 fue promulgado un documento de enorme trascendencia histórica: el Manifiesto de Ostula. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena. La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Frente a ella, reivindica que los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios. La muerte de Pedro Leiva Martínez es un dramático recordatorio de la pertinencia del Manifiesto de Ostula.