El presidente Felipe Calderón Hinojosa informó a la Cámara de Senadores que desde el inicio de su sexenio hasta junio pasado han desertado del Ejército 40 mil 179 militares y 4 mil 21 integrantes de la Marina.

A pesar de estas cifras, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo en su informe que ha logrado un mínimo histórico, al otorgar buenas prestaciones y motivar a los integrantes de las fuerzas armadas, ya que la deserción es 49.8 menor en el caso del Ejército y 54.4 en el de la Marina, respecto del sexenio de su antecesor, Vicente Fox Quesada, cuando abandonaron el servicio y las armas 80 mil 109 militares y 8 mil 822 marinos.

Calderón no precisó los grados de los militares y marinos que abandonaron sus cargos, sólo señaló que hay averiguaciones previas en marcha por el delito de deserción contra mil 382 generales, jefes, oficiales y personal de tropa que estaban en servicio cuando cometieron del delito de abandonar sus responsabilidades en los dos institutos armados.

Detalló que del primero de septiembre de 2010 al 30 de junio de este año, 2 mil 939 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea y 458 marinos desertaron de sus labores.

Esta información forma parte de las respuestas del jefe del Ejecutivo federal a las preguntas parlamentarias que, con motivo de su quinto Informe de gobierno, le formularon las bancadas de PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano en el Senado.

Se trata de un documento de casi 300 cuartillas en el que el Presidente defiende su estrategia contra el crimen organizado y asegura que no hay sumisión hacia Estados Unidos. La cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico está arrojando resultados tangibles sin precedentes, indicó.

Aseguró que los sobrevuelos de aviones no tripulados de Estados Unidos en territorio nacional están bajo el control del gobierno mexicano y se realizan a petición expresa del mismo.

Acerca del operativo Rápido y furioso, indicó que él se ha mantenido atento a las investigaciones que se realizan en Estados Unidos para sancionar a los responsables del tráfico de armas hacia México.

La pregunta sobre el número de deserciones en el Ejército y la Marina la formuló el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal Ávila, quien solicitó precisar los rangos y cargos que ostentaban y en qué situaciones o circunstancias se dio su separación de las instituciones armadas.

El Ejecutivo no proporcionó esa información, pero sostuvo que su administración logró una importante disminución del índice de deserción en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, en comparación con la que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando casi 90 mil elementos dejaron las fuerzas armadas.

Indicó que reducir esa cifra más de 50 por ciento en cinco años de gobierno –para llegar a un total de 44 mil 200– se debe a los programas y las acciones emprendidas en favor de las fuerzas armadas.

Entre ellas mencionó que entre diciembre de 2006 y junio de 2011 el salario del personal de menores ingresos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se incrementó 124 por ciento, en promedio, y se otorgaron 3 mil 165 créditos para vivienda.

Se demuestra que con buenas prestaciones y atención a la motivación del personal militar se codyuva para mantener su compromiso y lealtad con México, señaló.

Otros cuestionamientos tampoco tuvieron respuesta, entre ellos uno del PRI sobre los miles de muertos en los operativos contra el crimen organizado.

La bancada del tricolor solicitó al Ejecutivo precisar si se iniciaron investigaciones judiciales, si se sabe el nombre de los fallecidos y cuántos fueron a parar a una fosa común al considerarlos daños colaterales

En su respuesta, Calderón rechazó haber dado a las víctimas trato de daños colaterales o considerarlos parte de una cifra estadística. Insistió en que no existen datos, porque son fallecimientos ocurridos en el contexto de la rivalidad delincuencial.

Determinar si se les inhumó en fosas comunes corresponde a las autoridades locales, así como la identificación plena de los nombres de los fallecidos, por ser el homicidio un delito del fuero común, agregó.

Igualmente, a la pregunta de hasta dónde ha sido posible distinguir a las víctimas inocentes de los delincuentes, Calderón Hinojosa respondió: El registro que lleva el gobierno federal en la base de fallecimientos ocurridos en contexto de rivalidad delincuencial no determina el estatus jurídico de la persona, pues en todo caso y circunstancia se asume el principio de presunción de inocencia.

Por rivalidad delincuencial, reportó el Ejecutivo, han muerto hasta el 31 de diciembre del año pasado 34 mil 612 personas. El mayor número se dio en Chihuahua, con 10 mil 135, seguido por 4 mil 387 de Sinaloa, 2 mil 739 de Guerrero, 2 mil 19 de Baja California, mil 751 de Michoacán y mil 475 de Tamaulipas.

Sin embargo, Calderón aseguró que la tasa de homicidios dolosos en México se encuentra lejos del nivel que reflejan algunos otros países de la región latinoamericana y es una tasa similar a la que se presentó en 1997 (cuando gobernaba el PRI) y no se tenía en el país un accionar irracional por parte de los grupos de la delincuencia organizada, ni una participación decidida del gobierno mexicano para enfrentarla.

Ese contexto, insistió, nos permite dimensionar el problema de la violencia como un fenómeno que no se gestó en esta administración y que tampoco es exclusivo del país.