Podría ser procesado por otros delitos
Miércoles 19 de octubre de 2011, p. 15
Monterrey NL, 18 de octubre. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León consignó este martes a Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, por el supuesto delito de chantaje, y se reservó la acción penal en relación con otros posibles ilícitos, luego de que el Ministerio Público solicitó a un juez del fuero común la orden de aprehensión en contra del familiar del edil Fernando Larrazabal.
Jonás Larrazabal fue consignado ante un juez local, debido a que el apoderado del casino Red, Sergio Jacinto Gil García, quien se encuentra en el extranjero, presentó una denuncia por chantaje en su contra por conducto de su apoderado legal.
La procuraduría estatal abrió el 12 de octubre una averiguación por el presunto delito de chantaje contra Jonás Larrazabal, a quien se imputó extorsionar al contador y al dueño del casino Red exigiéndoles fuertes cantidades de dinero. Esta indagatoria se sumó a otra por cohecho y delincuencia organizada, iniciadas el 30 de agosto. Medios locales han dado a conocer trascendidos de la declaración que el contador de la casa de apuestas rindió a principios de septiembre anterior ante la fiscalía número 3 de delitos patrimoniales, autoridad ante la cual aseguró que el dinero entregado a Larrazabal en tres ocasiones fue por órdenes de su patrón, Sergio Gil, representante del casino Red, y que una vez le dio más de 300 mil pesos.
El contador habría asegurado que Jonás Larrazabal le exigió fuertes cantidades de dinero y que éstas fueron pagadas con la intención de que fuera reabierto el casino, que entonces estaba clausurado. El hermano del alcalde habría amenazado a Gil con que el lugar continuaría cerrado de no hacer los pagos.
La nueva averiguación habría sido notificada a Jonás Larrazabal por el fiscal del área de delitos patrimoniales, quien acudió el pasado 12 de octubre a la casa de arraigo número uno, en el Barrio Antiguo, de Monterrey. En cuanto a esta denuncia, Jonás se acogió al artículo 20 de la Constitución federal, el cual le permite abstenerse de declarar en un juicio en el que participe como parte acusada, y se negó a responder cualquier pregunta.