El gobierno federal se encuentra imposibilitado para rescatar los cuerpos de 63 mineros que quedaron sepultados –desde el 19 de febrero de 2006– en Pasta de Conchos, respondió el presidente Felipe Calderón al PAN en el Senado.

Explicó que el dictamen de un panel internacional de expertos –con fecha 5 de julio de 2007– advierte que las condiciones en el yacimiento de Coahuila son inestables e inseguras y comprometerían la integridad física de los rescatistas.

La pregunta la formuló el senador Ricardo García Cervantes, quien ha seguido el caso del siniestro en Pasta de Conchos, y fue incluida en el paquete de cuestionamientos que la bancada del blanquiazul manifestó al Ejecutivo, mediante la pregunta parlamentaria. El cuestionamiento de García Cervantes fue el siguiente: ¿En qué se funda la negativa del gobierno federal para continuar con los estudios técnicos y los trabajos de rescate de los restos humanos abandonados en Pasta de Conchos?

La respuesta del presidente Calderón fue: “Cómo es del conocimiento público, el 5 de octubre de 2007 un panel internacional de expertos en minas de carbón, convocado por el Foro Consultivo y Tecnológico, AC, emitió un dictamen sobre las condiciones de seguridad e higiene que prevalecen en la mina.

Este dictamen fue enviado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a las comisiones del ramo tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, mediante oficios 210/DGIF/ 0959/2007 y 210/DGIF/0960/ 2007, del 5 de octubre de 2007. En él se concluyó que las condiciones en la mina 8 Pasta de Conchos son inestables e inseguras y que el ingreso de las personas en esas circunstancias compromete significativamente la seguridad, así como su integridad física.

En sus respuestas a las preguntas parlamentarias que le fueron formuladas, las cuales hizo llegar ayer al Senado, el Ejecutivo federal sostiene que hasta el momento, los resultados de este dictamen no han sido desvirtuados con elementos de carácter técnico-científico, por ello, al carecer de indicios que indiquen una reversión en las condiciones adversas de la mina, el gobierno federal se encuentra imposibilitado para realizar labores de recuperación de restos.

Insistió en que esta información ha sido proporcionada en diversas ocasiones, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. La última de ellas mediante oficio de la STPS del 2 de septiembre de 2011, hecho llegar al Senado por conducto de la Secretaría de Gobernación, el 5 de septiembre de 2011.

El Ejecutivo respondió además al PAN que “con la entrada en vigor –el 23 de marzo de 2009– de la norma sobre seguridad, el 16 de mayo de este año empezó el operativo en minas subterráneas de carbón. Hasta julio de este año se habían realizado 273 inspecciones, de las que 83 corresponden a condiciones generales de trabajo; 152 a seguridad e higiene y 38 a capacitación y adiestramiento, además de 88 inspecciones a 56 centros donde laboran mil 869 empleados.

Como resultado –abunda–, se detectaron 508 violaciones y se emitieron 541 medidas de seguridad e higiene, se restringió el acceso en 24 ocasiones y la autoridad minera ordenó la suspensión de obra y trabajos en 12 yacimientos.