Querétaro, Qro., 24 de octubre. Llegó el momento de destetar las finanzas públicas de los ingresos generados por la explotación del petróleo, planteó Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Grupo Financiero Banorte. Para el también ex gobernador del Banco de México reducir esa dependencia es parte central de una agenda para mejorar la productividad en el país. Eso requiere una reforma fiscal, y ahora que ya estoy fuera del sector público lo puedo decir: necesitamos cobrar un impuesto al valor agregado (IVA) generalizado y relativamente alto, propuso.

El tema fiscal y el energético es un binomio, aseveró Ortiz Martínez, al participar en la segunda de tres jornadas del foro México, Cumbre de Negocios, encuentro convocado por el empresario Miguel Alemán Velasco. El presidente del consejo de Banorte añadió que en México el valor agregado del petróleo es menor a 10 por ciento de la economía, genera 15 por ciento de las exportaciones y aporta 35 por ciento de los ingresos fiscales.

Con esos tres números nos damos cuenta de que el tema de la dependencia petrolera es algo que tenemos que enfrentar directa y frontalmente. Eso requiere una reforma fiscal; necesitamos un IVA generalizado y relativamente alto, con algunas excepciones y con compensaciones en sectores más afectados. Necesitamos simplificar enormemente el pago de impuestos, aumentar la base fiscal, reducir el impuesto sobre la renta y cero deducciones. Podemos fácilmente obtener 3 o 4 puntos del producto interno bruto con una buena reforma que nos permita destetarnos de Pemex, apuntó.

Ortiz Martínez ofreció una conferencia para hablar sobre las acciones que se deben emprender en México para lograr mayores tasas de crecimiento, como se lo planteó el moderador. Es muy fácil saber qué no debemos hacer, inició el ex gobernador del banco central. No hay que hacer tonterías, redondeó. Señaló tres puntos que consideró fundamentales: reforzar el mercado interno, que con mucho es el generador de riqueza más importante en el país; reducir la dependencia excesiva de la economía respecto de Estados Unidos. Y, tercero, un tema que ha sido anatema en el país por muchos años, que es la ausencia de una política industrial.

Los últimos gobiernos, apuntó el ex secretario de Hacienda en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo y hasta hace un par de años gobernador del banco central, no han puesto énfasis en hacer políticas públicas orientadas a la integración de las cadenas de valor en el sector industrial.

Si vemos la historia de México de los últimos 50 años, el país se ha rezagado respecto al resto del mundo. El PIB per cápita se ha incrementado en los últimos 50 años en 2 por ciento en promedio anual. En los países dinámicos de Asia ha sido de 5 por ciento y en los países que ahora están en problemas en Europa aumentó 3 por ciento. Tenemos un récord malo, mencionó.

El rezago, añadió, se resume en falta de ahorro, inversión y productividad. El ahorro y la inversión, dijo, responden a incentivos de políticas públicas, y en la medida en que éstas funcionen van a aumentar.

Después de la crisis de 1994-1995, la economía mexicana tiene una situación favorable en el marco macroeconómico. Lo que resulta frustrante, afirmó, es por qué no nos concentramos en la agenda que todos sabemos que ahí esta; son tres o cuatro cosas fundamentales que deben atenderse.

Mencionó que en el país existe un problema serio de que sectores que influyen sobre la competitividad de toda la economía no funcionan bien.

El primero que puso de ejemplo es el de la electricidad. “A pesar de que en teoría somos una empresa de clase mundial (el eslogan que usa la Comisión Federal de Electricidad), el precio del servicio es mucho más alto del que se paga en Estados Unidos. Para lograr una productividad como la del sector eléctrico de Chile –dijo– se necesita 40 por ciento menos de trabajadores en la industria eléctrica”.

Un segundo caso que mencionó fue el del sector financiero. El crédito total representa 20 por ciento de la economía del país, una de las relaciones más bajas en América Latina. La baja penetración financiera, añadió, tiene consecuencias económicas y sociales porque afecta a la parte de la población que no tiene acceso al financiamiento. Pero además esta situación ocasiona que se pierdan oportunidades y esto impide el proceso de integración de las cadenas productivas. Son dos temas: primero, una decisión gubernamental de empujar esas cadenas, que no ha existido, y segundo, el financiamiento tanto de la banca privada como de la banca de desarrollo. Mi impresión es que desde hace como diez años la política ha sido fraccionar o bien eliminar o tender a desaparecer a la banca de desarrollo.