La mayoría de las organizaciones campesinas coinciden en afirmar que los recursos del programa especial concurrente –es decir, la bolsa económica que desde una decena de instituciones se destina para el campo– deben dirigirse a fortalecer la economía de los pequeños y medianos productores, para que cosechen los alimentos que requiere el país y así se reduzca la dependencia con el exterior.

Este es el momento de realizar un cambio en la estructura de disposición de los recursos y evitar su uso político-electoral, asentaron integrantes del movimiento El Hambre no Espera y del Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp).

Max Correa Hernández, dirigente de la Central Campesina Cardenista e integrante de la comisión política del Conorp, comentó que esta semana las organizaciones se reunirán con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a quienes les insistirán que la redistribución de los recursos para el campo se haga a los programas que generen empleo en las zonas rurales –pues ahí se han perdido un millón de ellos–, y se impulse la producción nacional de alimentos básicos y estratégicos para reducir las importaciones.

Además, que se otorguen recursos suficientes a los programas de adquisición de activos productivos, para afrontar los cambios climáticos, que se invierta en obras de infraestructura, asistencia técnica y capacitación, y se restablezca el apoyo para los intermediarios financieros no bancarios y fondos de autoaseguramiento.

Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y del movimiento El Hambre no Espera, apuntó que desde hace una década se ha incrementado el presupuesto para el sector agropecuario, pero no disminuye el problema de la dependencia alimentaria y la pobreza, debido a que los recursos siguen orientándose a los productores comerciales y a las grandes empresas. Es irresponsable continuar con esa lógica; lo que urgen son nuevos programas de impulso a la producción de los pequeños y medianos agricultores.

Mencionó que la estrategia por la que pugnarán en la Cámara de Diputados es un Procampo que tenga como techo 50 y no 100 hectáreas; entrega en un solo ciclo productivo y que aumente en 50 mil el número de beneficiados; se triplique el número de agroproductores que tengan acceso a los créditos de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y Finrural, y se les otorguen tasas que no rebasen 5 por ciento de interés; programas de empleo temporal, y que se duplique el presupuesto de Diconsa y Liconsa, así como el número de beneficiarios.

La Confederación Nacional Campesina y sus legisladores sostienen que los recursos deben dirigirse al ingreso objetivo y a los apoyos a la comercialización, mientras que el Congreso Agrario Permanente destaca que ningún presupuesto será eficiente mientras no se cambien las reglas de operación de los programas.

Octavio Jurado, secretario de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, apuntó que es el momento para planear mejor cómo impulsar la producción en el ciclo otoño-invierno en el sur del país, y cómo aprovechar mejor el agua en la región del norte, además de empezar a despoblar el hato ganadero en el norte por la sequía, pues se prevé que las condiciones climáticas que prevalecieron este año continuarán por un periodo de dos a tres años más. El reto inmediato es planear las siembras, así como generar excedentes de granos y oleaginosas. No será fácil.