El secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero Martínez, advirtió que sería muy grave para la ciudad si se consuma una reducción de 14 mil millones de pesos en los recursos federales para el próximo año, pues obligaría a tomar recursos de obras y servicios que demanda la capital, a fin de concluir la línea 12 del Metro, que lleva un avance de casi 90 por ciento.

Dicho monto significa 10 por ciento del presupuesto líquido del Gobierno del Distrito Federal, a lo que se sumaría un recorte de 800 millones de pesos del Fondo Metropolitano y un incremento en el número de regiones metropolitanas, con lo cual los mil millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación serían insuficientes para concluir varias obras en curso, señaló.

Ello, dijo, sin considerar la cancelación de nuevos proyectos viales, de infraestructura o hidráulicos, todo por un criterio político que perjudicará a la gente, no a un gobierno o un partido en específico, por lo cual estamos listos y puestos para participar en la manera que nos convoque el jefe del Ejecutivo para defender los recursos de la ciudad.

El funcionario afirmó en entrevista que la terminación de la línea 12 no está en riesgo. Veo difícil que la administración actual la pare cuando lleva un avance de casi 90 por ciento, pero si se consuma el golpazo contra la ciudad, se tendrían que tomar recursos destinados para obras y servicios, a fin de ponerla en operación en abril del próximo año.

La situación es delicada, pero hay la certeza de concluirla en este gobierno, y lo vamos a hacer, pues se trata de la obra de transporte más importante de la ciudad e incluso del país, que transportará a más de 400 mil personas diariamente, cuyo número tenderá a crecer, como ha sucedido con las otras líneas, por lo cual se está a la espera de la fecha en que representantes del gobierno capitalino y la ALDF acudiremos a la Cámara de Diputados, indicó.

Mencionó que, en la reunión que sostendrán con los legisladores federales, plantearán la necesidad de contar con esos recursos para cumplir con las demandas ciudadanas en materia de obras y servicios, y los riesgos a que se enfrentará la ciudad, en caso de proceder el recorte, lo cual afectará a la gente, no al gobierno.