La respuesta institucional a la violencia de género en América Latina es extremadamente pobre para un problema de niveles epidémicos que tiene en la impunidad uno de sus principales retos, señalaron participantes del seminario internacional Fortaleciendo el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia: feminicidio, violencia sexual y desapariciones en Mesoamérica, organizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e instituciones de gobierno.

María de la Luz Estrada, coordinadora de ese organismo, señaló que el principal reto del encuentro es generar acciones que rompan con el patrón de impunidad que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas.

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo de España, apuntó que ante la respuesta escandalosamente baja de las instituciones ante el inaceptablemente alto número de agresiones en la región –se estima que sólo 2 por ciento de los casos tiene respuesta– deberían fijarse responsabilidades para los funcionarios que no ofrezcan resultados óptimos y señaló como el gran desafío aplicar los instrumentos que ya existen.

En ese sentido, activistas y defensoras de las mujeres coincidieron en diversos paneles en afirmar que los instrumentos nacionales e internacionales, así como los protocolos orientados a garantizar justicia a ese sector de la población no se aplican de forma efectiva, debido a problemas estructurales del sistema.

Karla Micheel Salas, abogada en el caso Campo Algodonero, aseveró que a casi dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia en favor de las víctimas, hay un déficit en el cumplimiento de la misma, toda vez que no hay avances en la creación de una base de datos genéticos, protocolos de investigación, capacitación y formación para los funcionarios; ni se ha llevado a cabo la ceremonia donde el Estado reconozca públicamente su responsabilidad.

En su momento, la diputada federal Teresa Incháustegui convocó a crear un pacto con autoridades a partir de pautas y propuestas concretas, mientras Elena Álvarez Bernal, del Instituto Nacional de las Mujeres, llamó a impulsar medidas con vocación transformadora ante la crisis de credibilidad y confianza en que está inmerso el sistema de procuración de justicia.

En entrevista, luego de su participación, Castresana consideró que en la estrategia contra el crimen organizado hace falta un mayor protagonismo, tanto de las procuradurías como de jueces y fiscales.

En un estado de derecho, dijo, la represión del delito corresponde a los jueces y no al gobierno o al Ejército, quienes, claro está, van detrás como parte del camino (...) Se está produciendo una ausencia de respuesta del Estado y el mensaje para los ciudadanos es que está indefenso y para los criminales que pueden seguir delinquiendo, porque no hay una respuesta de las instituciones en la procuración e impartición de justicia.