Por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó el tema sobre medio ambiente sano, debido a que organizaciones mexicanas plantearon la falta de cumplimiento de la normatividad en la materia y las violaciones del gobierno federal, por lo que el organismo instó a las autoridades a tomar en cuenta a la sociedad civil en la definición de las políticas del rubro.

Ayer en una reunión de trabajo, en la que como representante del gobierno mexicano estuvo Mauricio Limón, subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), expuso, con datos oficiales, que la política en la materia es violatoria de derechos humanos y en algunos casos regresiva en su goce, pero consideró que el espacio ante la CIDH se podía aprovechar para dialogar y llegar a acuerdos con las autoridades con el fin de cumplir con la normatividad y modificar la política.

Recordó que en el país, a pesar del reconocimiento constitucional del derecho humano al medio ambiente sano, de la existencia de leyes y reglamentos, la política ambiental en muchas ocasiones no es eficaz ni sustentable por ser técnicamente equivocada, por no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, y porque no se cumple.

De acuerdo con información de las ponencias divulgadas por el Cemda, Cerami señaló que pese a que existen espacios de participación para la sociedad civil en materia ambiental, ellos no funcionan adecuadamente.

Mónica Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, se refirió a la calidad del aire, la cual está calificada entre regular y mala, ya que en la ciudad de México y en Guadalajara la mayor parte de los días del año se rebasa el límite máximo permitido de contaminación, lo que se considera de alto riesgo para la salud humana. Y citó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 14 mil muertes al año ocurren en México a causa de esta situación.

María Esperón, habitante de la zona oriente del estado de México, dijo que está en riesgo el patrimonio y salud de la población, ya que las obras que el gobierno federal ha hecho en infraestructura de agua, no han solucionado el problema de las inundaciones.

Elena Burns, de la UNAM, señaló que la violación sistemática de la Ley de Aguas Nacionales provoca escasez lo que pone en riesgo la integridad física y la propiedad de los 40 millones de habitantes del los centros metropolitanos del centro y norte del país. Además de que deja a las comunidades indígenas con ríos contaminados y sin acceso al agua potable.