La privatización de la educación en Chile ha alcanzado niveles escandalosos, y ante la cerrazón del gobierno del presidente Sebastián Piñera es posible que el conflicto con el movimiento estudiantil dure al menos dos años más.

Así lo advirtió Paul Ernesto Floor, secretario de relaciones internacionales de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), quien ayer ofreció una plática en la Facultad de Economía de la UNAM, como parte de una jornada de solidaridad con entre alumnos.

Chile, afirmó en entrevista con La Jornada, es el país que hoy tiene la enseñanza más mercantilizada del mundo, basada en la Ley de Educación Superior, que aprobó la dictadura militar en 1981, mediante la cual se estableció que el Estado ya no sería el garante del proceso educativo, sino únicamente un actor subsidiario.

De esta forma, todas las universidades se vieron obligadas a autofinanciarse mediante el cobro de cuotas a sus alumnos, que en algunos casos pueden llegar a ser de 5 mil o 6 mil dólares al año, y sin estar obligadas a tener estándares mínimos de calidad.

Además, se creó un sistema mediante el cual los bancos financian la los estudiantes a través de un crédito con intereses de hasta 6 por ciento, que cubre el gobierno en caso de que los alumnos no lo puedan hacer, lo que termina transfiriendo grandes cantidades de recursos públicos a manos privadas.

Una carrera de ingeniería cuesta hoy 30 mil dólares por cinco años, pero al finalizar su carrera el alumno termina pagando 200 por ciento más. Además, el modelo prohíbe la participación estudiantil y tiene una prueba de selección que deja afuera a miles y miles de jóvenes, señaló Floor.

Por todo ello, los estudiantes agrupados en la Confech exigen que el Estado financie la educación pública ciento por ciento a nivel de preparatoria y universidad, lo que significaría un cambio radical, ya que en la actualidad el gobierno de Piñera sólo invierte 0.3 por ciento del producto interno bruto.

A cinco meses de iniciado el conflicto, con la mayoría de las universidades tomadas, las negociaciones con el gobierno han sido poco fructíferas porque no hay voluntad para avanzar en una demanda que tiene 90 por ciento de aprobación popular, por lo que probablemente el conflicto se prolongará.