“De 2005 a 2007 fueron asesinadas 2 mil mujeres en Guatemala, casos de los que sólo derivaron 47 juicios y 43 condenados. En esa nación centroamericana, 75 por ciento de los delitos no son denunciados y se percibe mayor rudeza contra niñas y mujeres.

Sin embargo, ese escenario podría ser el mismo en cualquier lugar de América Latina, donde persisten un elevado número de actos delictivos y un bajo rango de aplicación de la ley y la justicia, señalaron decenas de especialistas en la materia, procedentes de instancias civiles, legislativas y gubernamentales, así como invitados internacionales se encuentran reunidos en la ciudad de México para realizar un análisis conjunto acerca de los aciertos y rezagos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.

En la continuación del seminario Feminicidio, violencia sexual y desapariciones en Mesoamérica, fueron difundidos datos que revelan rezago en la detección de casos de violencia y, sobre todo, en los métodos periciales utilizados que, ante una escena del crimen, pueden marcar la diferencia entre hallar o no al responsable.

Señalaron que si bien el atraso cobra relevancia por el número de casos, en otras latitudes, como España, también se perciben fallas en la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, entre 2006 y 2008 hubo 214 víctimas mortales (agresiones contra mujeres), de las que casi 30 por ciento ya había denunciado al agresor.

En ese contexto y al hacer un recuento de los casos de violencia de género en la región, Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Superior de España, propuso la promoción de una convención internacional en la materia, como herramienta para disminuir los altos niveles de impunidad. Esta figura –explicó– puede ser promovida ante la Organización de Estados Americanos o directamente en la Organización de Naciones Unidas.

Los fracasos que hemos visto en Ciudad Juárez ocurren en toda la región. En 2003 hicimos una recomendación en esa urbe y no ha pasado prácticamente nada. Aterricemos un factor internacional, subrayó.

Los participantes en el seminario delinearon propuestas y recomendaciones para que las mujeres tengan un expedito y efectivo acceso a la procuración de justicia, pero sobre todo a las formas para exigir responsabilidad a los funcionarios negligentes u omisos. “Es como un vendedor que no vende. El jefe en ese momento le dice ‘adiós’, y llama a otro vendedor”, expresó Castresana, ex titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Con una convención internacional –añadió– podrían tipificarse corrupción, jurisdicción territorial del delito, persecución de oficio, obligatoriedad de la denuncia, cooperación judicial, extradición, cooperación judicial y coordinación de autoridades civiles y penales, entre otros puntos.

Los expositores de Costa Rica, Guatemala, España y México coincidieron en que hay graves fallas entre los peritos desde el momento mismo de analizar la escena de un crimen y, por tanto, determinar que no se trata de un delito común, sino de un feminicidio.