La justicia debe ofrecer algo más que un método de resolución de conflictos: debe volverse escucha del pueblo. Sin lugar a dudas, urge volver a los tribunales verdaderos órganos de atención ciudadana que oigan las justas quejas de la población y la defiendan contra el arbitrario. La justicia constituye, hoy más que nunca, la base de un orden social duradero, afirmó Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la inauguración de una sala de juicios orales en la Universidad Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, la ministra señaló que la función judicial, aunque autónoma e independiente entre cada una de las instancias que la integran tanto a escala federal como local, es compartida; de ahí que cada juez y cada magistrado tiene la alta responsabilidad de determinar y decidir en torno a los derechos que se encuentran en juego en las controversias que se promueven.

Señaló que “el sistema judicial cumple un importante papel en el desarrollo de la vida nacional. Por ello, hoy debemos recordar lo importante que es contar con instituciones fuertes e independientes en el campo de la procuración y administración de justicia, y cada juez o magistrado tiene la alta responsabilidad de determinar y decidir en torno a los derechos que se encuentran en juego en las controversias que se elevan a nuestro conocimiento. Cada uno de nosotros, en nuestro marco de atribuciones, como piezas de una maquinaria de relojería, cumplimos la misión –yo diría esencial– de satisfacer las necesidades de justicia que la nación demanda”.

La ministra Olga Sánchez Cordero, durante la entrega de la medalla Omecíhuatl, el pasado día 25 en el Teatro de la CiudadFoto María Luisa Severiano

Recordó que “llevamos transitando más de tres años bajo el nuevo sistema procesal penal; nos falta recorrer cinco años más hasta su total aplicación, el 18 de junio de 2016.

Dicha reforma tiene como finalidad que se cumpla con los objetivos del Sistema Penal Acusatorio, que son: determinar la verdad real, histórica o procesal; determinar la existencia de un hecho típico e identificar a su autor; lograr el esclarecimiento de los hechos; resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; lograr efectivamente la reparación del daño en favor de la víctima u ofendido; aplicar en favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedi- miento abreviado.

El nuevo sistema de justicia penal privilegia el principio de presunción de inocencia mientras un tribunal no determine lo contrario, y permite una sanción más rápida al delincuente.