El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó más de 500 casos de víctimas de la violencia sólo en las dos caravanas que recorrieron el norte y sur de la República, los cuales presentó como parte del informe que el jueves entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento, la organización encabezada por el poeta Javier Sicilia insistió en la necesidad de que el gobierno federal cambie la estrategia contra el crimen organizado y empiece con el retiro del Ejército de actividades policiacas. Incluso señaló que con el argumento de que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional está en un impasse legislativo, el Ejecutivo sigue violando la Constitución al incumplir el precepto relativo a que la seguridad pública es tarea sólo de las autoridades civiles.

A lo largo de los recorridos efectuados en junio (hacia el norte) y septiembre (al sur del país) se constató que cada caso es una historia de impunidad forjada con una cadena larga de hechos en los que las instituciones no reaccionan y terminan por afectar a la sociedad en su conjunto. Advierte que esto es muestra de un claro escenario de emergencia nacional.

Como resultado del trabajo de la Comisión de Documentación creada por el MPJD para realizar un trabajo de análisis y sistematización de los datos proporcionados por las víctimas, se reportó a la CIDH que de los 291 testimonios de violaciones obtenidos en la Caravana del Norte 81 por ciento ocurrieron después de junio de 2007, 53 por ciento son desapariciones o secuestros, y 45 por ciento homicidios.

En la mayoría de los casos (67 por ciento) las víctimas no identifican al responsable de la violación, aunque en 21 por ciento creen que el responsable fue el Ejército o la policía. Los agredidos creen que el crimen organizado es responsable en 4 por ciento de estas violaciones.

En la Caravana del Sur se recibieron 221 casos, de los cuales poco más de la mitad fueron por desaparición forzada y 13.6 por ciento por homicidio. Un análisis más detallado aún está en proceso, informó el organismo.

La información recibida por la CIDH contiene un detallado recuento de acciones realizadas por el MPJD desde su creación, en marzo pasado, y las peticiones planteadas al gobierno mexicano, sin que a la fecha se reporten avances importantes.

Resaltó que en torno a la seguridad pública un factor relevante es el desgarramiento del tejido social en amplios sectores de la población, principalmente la juventud. Debido a que la guerra contra el crimen organizado se concentra en una respuesta militar y policiaca, ha provocado violaciones a derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Subrayó la problemática que representa para el país la prevalencia de impunidad y corrupción en instituciones gubernamentales y muchos actores políticos, lo que ha perjudicado a los habitantes de las zonas donde se han puesto en marcha actividades militares para enfrentar a la delincuencia.