Héctor Álvarez, dirigente de la sección 187 del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana (SNTRM) denunció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha asumido una actitud parcial a favor de la empresa Telefónica Española –en México denominada Movistar–, la cual pretende imponer un sindicato de protección a los casi 8 mil trabajadores de su call center Atento.

Al participar en la quinta Conferencia Sindical Nacional, Álvarez informó que el próximo lunes 31 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo un nuevo recuento que determinará si la titularidad del contrato queda en manos del sindicato blanco que promueve la empresa, denominado Sindicato Progresista, o del SNTRM, al cual desean afiliarse los trabajadores de ese call center.

Ante sindicalistas de México, Estados Unidos, Holanda, Marruecos, Argentina, Chile, Grecia y España, hizo un llamado a los trabajadores, a las organizaciones independientes y a la sociedad civil a solidarizarse con la lucha de tres años de los empleados de Atento por el reconocimiento de su representación democrática, así como de sus derechos laborales, constantemente violados por Movistar –dueña del call center Atento–, la cual ha obstaculizado ilegalmente la organización auténtica de los trabajadores, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 26 años de edad, mediante despidos masivos y selectivos y el uso de golpeadores con la abierta complicidad de la JLCA.

Ante el nuevo recuento sindical en la empresa, Álvarez solicitó la solidaridad activa para evitar que, como en el recuento pasado, los patrones utilicen todo tipo de presiones, amenazas y maniobras ilegales en contra de la organización sindical democrática en Atento. Solicitamos apoyo de los dirigentes nacionales e internacionales, que nos acompañen el lunes para demostrarle a la empresa de capital español nuestra voluntad, pues sigue intentando acabar con los derechos de los trabajadores y está a favor de un sindicato de protección. México es el segundo país que le genera mayores ganancias para Atento; hay que acabar con los contratos de protección, porque son un cáncer para el mundo laboral.