Matamoros, Tamps., 29 de octubre. “A la hora del lonche, uno de los paisas gritó que venía la perrera (patrulla), y cuando quisimos correr ya estábamos rodeados por los greens (agentes de migración) que nos pedían los papeles”, refiere Nicolás Delgado Juárez, al recordar el último jueves de septiembre cuando lo capturaron durante una redada de indocumentados en la avenida Las Américas de Houston.

A los que no tenían papeles los llevaron detenidos, les tomaron nombres y huellas; a los dos días los regresaron caminando descalzos por el puente de Matamoros. A otros los mandan por Sonora o Baja California para que tarden más en volver.

Durante décadas, hombres, mujeres y niños de México y de Centroamérica buscaron cruzar la frontera por Tamaulipas y entrar a Estados Unidos. Ahora, el estado recibe decenas de miles de migrantes que vienen del norte, desterrados del sueño americano.

En el corredor fronterizo de Nuevo Laredo a Matamoros el panorama en las cercanías de los Puentes internacionales se repite: cientos de mexicanos y extranjeros abandonados a su suerte por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que después de ficharlos los destierran a ciudades donde nadie los espera y donde las autoridades no tienen suficiente para darles techo y comida.

Nicolás, michoacano de 38 años y padre de cuatro hijos, dos de los cuales nacieron en Estados Unidos, añora los días en que ganaba siete dólares la hora por su trabajo de albañil. Ahora es uno más de los 90 mil migrantes expulsados este año por Tamaulipas.

Con ansia observa el reloj y espera que den las 10 horas para recibir un plato de salchichas guisadas en la Casa del Migrante de Matamoros. El jornalero, que emigró hace 13 años a Houston, núcleo económico de Texas, no dejó morir la esperanza y en la frontera cambió sus dólares por un refresco y una llamada a casa.

Apurado, habló con su mujer, de la que no tuvo oportunidad de despedirse; le pidió reunir y transferir vía Western Union los 2 mil 500 dólares que un pollero le cobraba por llevarlo hasta la Quineña, punto de revisión migratoria cercano a Houston.

“Dicen que es peligroso; peor será regresarme a La Piedad a morir de hambre. Ni pensar en mantener a mis hijos, ya la mujer pidió emprestado y en una semana más los manda. Aquí conecté a la persona que me va a guardar en lo que llega el dinero y que sea lo que Dios quiera”, dice.

En la colonia Ampliación Solidaridad se alza la Casa del Migrante. Es una construcción inaugurada en 2006, tiene dos habitaciones comunales con 60 camas, comedor y cocina, a todas luces insuficientes para recibir a 150 migrantes por día.

A bordo de camionetas anaranjadas del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, los deportados, cansados y con hambre, son trasladados desde el puente internacional Puerta México, uno de los cuatro que comunican a Matamoros con Brownsville, al sur de Texas, hasta el edificio que los albergará tres días.

Administrado por la Iglesia católica desde principios de 2011, el albergue recibe 200 mil pesos mensuales del Instituto Tamaulipeco de Protección al Migrante para la manutención de los deportados durante 72 horas.

“Les brindamos asistencia sicológica y emocional en este proceso difícil que pasan al ser separados de sus familias; muchos vienen en shock, pero con el paso de los días se van calmando, buscan una solución a su problema y terminan yéndose”, da a conocer el párroco Francisco Gallardo López, responsable de la Casa del Migrante, y asegura que la diócesis les da mucho más.

El clérigo, que en agosto ofició una misa junto al río Bravo para recordar a los 72 migrantes sacrificados en San Fernando en 2010, informa que desde la masacre, ocurrida a cien kilómetros al sur de Matamoros, los migrantes optan por rutas que no incluyan a Tamaulipas en su trayecto hacia el norte.

Los pocos que llegan dicen que tienen días caminando, que prefieren andar por terracerías, exponiéndose al ataque de los animales, pero no a que los secuestren, los extorsionen y violen a sus mujeres.

Las historias de los sobrevivientes son documentadas por la diócesis de Matamoros. Todo lo anotamos y luego en las reuniones con funcionarios federales y estatales les compartimos esa realidad atroz de nuestros migrantes, dice el sacerdote.

A diferencia de los 4 mil 500 mexicanos que cada mes ingresan a la Casa del Migrante, donde la atención se limita a tres días y después tienen que irse a la calle, a los extranjeros deportados los espera la cárcel. Después, un largo recorrido a Chiapas, con escala en la ciudad de México, por donde son deportados. En la pequeña estación del INM, centroamericanos y cubanos principalmente sufren de hacinamiento.

Con 90 mil deportaciones en 2011, el estado se prepara para cerrar el año con 150 mil, 30 por ciento más de los registrados en 2010, revela el Instituto Tamaulipeco de Protección al Migrante.

Desde la Cámara de Diputados, la matamorense Norma Leticia Salazar asegura que no habrá recursos que alcancen para que los municipios fronterizos resistan el impacto económico y social de recibir a esos miles de deportados.