Los privaron de su libertad, pidieron rescate y a ninguno regresaron: son los narcosecuestrados-desaparecidos, modalidad de violencia que genera multimillonarias ganancias al crimen organizado y a las autoridades coludidas; con 45 delitos diarios y más de 16 mil 500 casos al año, la cifra coloca a México en primer lugar mundial en secuestros.

Llegaron a las cuatro y media de la tarde con camión de mudanza, desprendieron la reja de la cochera y lo sacaron. Se llevaron todo: camionetas, pantallas de plasma, computadoras, electrodomésticos, hasta los juguetes de los niños, dice Blanca Estela Flores, madre de Agnoldo Pavel Medina, de 33 años, secuestrado-desaparecido el 2 de agosto del año pasado; por él pagó un millonario rescate y nunca lo regresaron.

Tiene 69 años, viste de negro con una camiseta que dice: ¿Dónde están? La acompañan otras madres de familia, esposas, hermanas, abuelas, que en manifestación exigen resultados a las autoridades: “Dos días antes de entregar el rescate me lo pusieron en su Nextel. Escuché su voz. Me dijo: Hagan todo lo que les dicen, mamá, porque si no me van a matar. Y, efectivamente, se les dio todo lo que pidieron a los ocho días, pero nunca me lo devolvieron.

Blanca Estela acompaña a un grupo de mujeres por la calle, grita con todos sus fuerzas, cierra los puños y clama desde lo más profundo de su ser con un lamento de voz desgarrado, inundado de lágrimas: Pido un milagro sobrenatural, les pido a los que se lo llevaron, le pido al procurador, al Presidente, a Dios, que me lo regresen vivo; sus niños lo esperan, sus hermanos, su mujer... y yo, hijito de mi corazón.

No puede continuar, se desvanece, otras compañeras la ayudan, se sienta. Toma agua. Respira profundo y empieza a hablar sin parar. Cuenta que ese día llegaron cinco hombres, uno encapuchado, los otros con la cara descubierta. Era lunes de mercado, las calles estaban llenas. Y había patrullas de tránsito de Guadalupe, Nuevo León, cuidando a los secuestradores. Lo sacaron en pantalón corto, amenazando a su mujer, Claudia Verónica: Si lo denuncias, te vamos a matar con los niños. Y saquearon la casa.

Yo me sentía en un sueño. Así estuve dos meses, dice Blanca Estela, hasta que a los dos meses se decidieron a interponer una denuncia en el campo militar de la séptima zona de Monterrey: Nos sentimos vigilados, durante meses hemos tenido una patrulla en la esquina de la casa. Son los mismos, todos están de acuerdo.

Añade: Yo tengo fe, soy cristiana y por eso le pido al Señor un milagro sobrenatural para que me lo regrese, le digo: Padre, ¿por qué no me has contestado? No me dices nada, ¿por qué, Señor, no me contestas? Y comenta que siente que su hijo está vivo porque lo sueña con frecuencia: Es mi hijo menor; tengo ocho, pero él ha sido el más amado de todos sus hermanos. Buen padre, buen hijo.

Agnoldo tenía un negocio de autoclimas, era hogareño; del trabajo a la casa y con muchos amigos, alegre. Blanca Estela hace recuento y recuerda cómo le ha cambiado la vida a toda la familia. Tiene 19 nietos, su esposo está enfermo de depresión, ya no sale. Y les dice que hubiera sido mejor que lo secuestraran en lugar de su hijo: Yo rezo todo el día para que vuelva. Cuando como, pido por los secuestrados para que Dios les dé de comer, para que los alimente allí donde los tengan.

Próspera industria

Durante el presente año, sólo uno de cada 10 secuestros ha sido denunciados, según el Informe sobre secuestro en México del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, que sitúa a los estados del norte como los primeros en la estadística de este delito: En ningún caso se ha recuperado a la víctima, no se ha localizado su cuerpo, por lo que permanecen como desaparecidos, pese a que en muchos casos han pasado ya tres años de su captura. El 60 por ciento de los casos ocurren en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León.

El estudio revela una evolución en el modus operandi de este delito cometido por autoridades y delincuentes, con 45 casos diarios: por una parte se ha detectado un notable incremento en la participación de policías, ex policías y militares. Participan en siete de cada 10 secuestros y aplican en contra de la sociedad los conocimientos adquiridos para protegerla. Cada intento del Estado por combatir al crimen organizado se ve superado por esa peligrosa sociedad de policías y delincuentes, dice el documento.

A Roy Rivera Hidalgo, de 18 años, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y trabajador, se lo llevaron el pasado 11 de enero; lo sacaron de su casa, una vivienda llamativa de dos pisos que seguramente fue elegida al azar. Un comando de hombres con armas largas, uniformados, con chalecos de la policía de Escobedo, desprendió el portón durante la madrugada, mientras la familia dormía. Uno de los encapuchados preguntó frente a los dos hijos del matrimonio: ¿Quién es el mayor?, Roy levantó la mano, mientras a Ricardo, su hermano menor, lo golpeaban: Se llevaron también las camionetas, joyas, todo lo de valor, cuenta Ricardo, a quien la culpa de haber sobrevivido, gracias al valor de su hermano, no lo deja vivir en paz.

Mi papá ya ni va al sicólogo; ahora le han recomendado ir al siquiatra, pero ni quiere, dice al señalar que se trató de un secuestro ahora convertido en desaparición: “Nos llamaron: ‘Queremos un millón de pesos, si no te entregaremos la cabeza de Roy’, dijeron. Y pagamos el rescate a los dos días. Llegamos a un acuerdo: les dimos 750 mil pesos. Vendimos todo lo que teníamos. Nos dijeron que lleváramos el dinero a una iglesia de San Nicolás de los Garza y así lo hicimos, pero desde hace nueve meses no hemos sabido nada de él. La policía ni nos hace caso. Fuimos con la PGR, Marina, Ejército y nada, sólo nos dan papeles.”

Finalmente detuvieron a unos cholos: Pero se apegaron al artículo 20 y no dijeron nada. Cuando detienen a un criminal lo primero que hacen es ponerle un abogado y nosotros, las víctimas, tenemos nueve meses sin ayuda legal. Es muy injusto.

La forma de actuar de los secuestradores, según el mismo estudio, ha ido cambiando, y en la era digital los delincuentes se valen de sistemas de espionaje para vigilar a sus próximas víctimas, como micrófonos GSM que permiten vigilancias desde cualquier lugar, y a través del tráfico de datos personales acceden a cuentas bancarias y registros de actividad telefónica de la víctima para determinar su nivel de vida.

A diferencia de la década anterior, donde el secuestro era particularmente de alto impacto, es decir, de personas con elevado poder adquisitivo y grandes fortunas, actualmente cualquier ciudadano puede ser secuestrado, no importa si es comerciante, obrero o desempleado. Hay casos registrados donde el rescate exigido por los delincuentes es una compra de supermercado que no rebasa los dos mil pesos: En los recientes tres años, la cantidad promedio es de 10 millones de pesos y el pago obtenido promedio es de 2.5 millones. En la década anterior el cautiverio de la víctima se prolongaba hasta un año; ahora se busca negociar en forma rápida y liberar o privar de la vida al secuestrado, en promedio, en 25 días.

Los narcosecuestros son cometidos para calentar la plaza en poder de grupos rivales, a fin de que el Estado envíe fuerzas federales y aumente la militarización de la zona: “profesores, jornaleros, comerciantes, desempleados, mujeres dedicas al hogar, cualquiera puede ser y ha sido blanco de estas acciones. El 75 por ciento lo componen hombres de 20 a 45 años de edad; 10 por ciento, mujeres de entre 20 y 35 años; 15 por ciento, jóvenes menores de 19 años de edad. El cobro de rescate es totalmente secundario y en la mayor parte de los casos sólo es una fachada. Éste fenómeno se agudizó con la presencia de grupos como La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Pelones, La Línea, entre otros”, señala el estudio.

Los mismos

A Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, Jose Ángel Mejía Martínez y Juan Manuel Sada Moreno se los llevaron el 15 de noviembre del año pasado. Estaban en un rancho en Cadereyta, mientras los padres de Jocelyn eran secuestrados y rescatados por el Ejército; José Angel es novio de Jocelyn y Juan Manuel era el chofer de la familia.

El 18 de noviembre nos llamaron para pedir rescate. Mandamos a mi hijo mayor, David Joab, a entregar el dinero y ya no volvió. Se quedaron con el rescate y con mis dos hijos; con los cuatro, y hasta ahorita no hemos sabido nada, cuenta Virgina Buenrostro, de 52 años, madre de los hermanos.

A Virgina y a su esposo los habían secuestrado el 13 de noviembre en su rancho de Cadereyta. Los interceptaron en la calle, los encañonaron con armas largas y les pusieron un rayo láser. Se identificaron como policías ministeriales de Nuevo León, les dijeron que su rancho estaba reportado como lugar donde había droga y cosas robadas. Los metieron en las cajuelas de unas camionetas y allí los trajeron dando vueltas durante dos días, hasta que los delincuentes se toparon con un convoy militar: “Se armó la balacera y nos rescataron. Los secuestradores eran como 15 o 20, drogados, tomando todo el día, sin corazón ni entrañas. Yo los oía y vi cómo les daban un sobre con dinero a unos policías federales. Uno de los secuestradores le había dicho a mi marido: ‘¿cuánto quieres pagar de rescate por ustedes? Piensa bien la respuesta, porque si no nos gusta los vamos a matar, ustedes ya están viejos y no nos sirven para nada’”.

Hace poco, una de las esposas de los secuestradores fue sorprendida con la camioneta robada de Jocelyn Mabel; traía armas largas y la liberaron a los tres días con 8 mil pesos: Ahora hay once detenidos, la policía esta coludida porque los están protegiendo y seguro al rato salen.

Para Jorge Verástegui, representante de Fundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila) estos delitos no son secuestros, sino desapariciones forzadas: Estamos ante un nuevo delito que se está convirtiendo en una forma de extorsión: solicitan dinero, se les entrega y desaparecen a la persona. A veces los obligan a trabajar para ellos; los tienen en centros clandestinos de detención y obtienen un doble beneficio.

El Ejército rescató hace dos semanas a 61 personas secuestradas en Piedras Negras, Coahuila, de diversos estados, que eran obligadas a trabajar para la delincuencia organizada en esa zona: “Hay una colusión de las autoridades en todos sus niveles con los cárteles de la droga para cometer este nuevo delito que es la combinación del secuestro con la desaparición forzada.”