El gobierno mexicano solicitó a su contraparte estadunidense revisar los convenios de repatriación, ante el hecho de que casi la mitad de las expulsiones se ejecutan fuera de los convenios bilaterales y de las pautas (detenciones y devoluciones) registradas por décadas.

En ese contexto, demanda a Washington que garantice el acceso a la información relacionada con los motivos de expulsión de cada uno de los repatriados y, en los expedientes de aquellos con antecedentes penales, conocer los motivos del encarcelamiento.

El gobierno federal debe impulsar la revisión de los convenios de repatriación, señaló a La Jornada René Zenteno Quintero, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG).

Esta dependencia, responsable de la política interna y de migración, puso en alerta a la administración federal en conjunto, así como a los gobiernos de las entidades fronterizas, luego de revisar las estadísticas del Departamento de Seguridad Interna de Washington y del propio Instituto Nacional de Migración (INM).

Con base en lo anterior, el subsecretario Zenteno concluye que si bien el número total de mexicanos repatriados ha disminuido sistemáticamente (de 1.7 millones en 2000 a 637 mil en 2010), el perfil de los operativos para deportarlos “se ha vuelto más heterogéneo, principalmente por la creciente presencia de migrantes procesados dentro de Estados Unidos.

“Muchos de ellos –dijo– tienen varios años viviendo allende la frontera; tienen redes familiares sólidas, sus hijos nacieron en el vecino país y otros son deportados por medio de una ‘orden judicial de remoción’. En esta condición –con tintes de criminalización– fueron devueltos 282 mil mexicanos, motivo de preocupación del gobierno mexicano.

Actualmente casi la mitad de las repatriaciones no se reconocen en la pauta, por décadas dominante, de detenciones en la frontera y devoluciones inmediatas a México. Todo ello confronta el diseño y operación de la política pública hacia la población repatriada en las ciudades fronterizas, subrayó el funcionario.

La alerta anterior se relaciona a que las expulsiones están fuera del Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos. Por ello, el gobierno pide a su contraparte ampliar y fortalecer el mismo.

Ese convenio está firmado entre distintas agencias estadunidenses y dependencias de México, el cual establece que las repatriaciones deben realizarse en horarios y con procedimientos que garanticen orden y seguridad para todos los involucrados en 18 puntos oficiales de devolución, localizados en 17 ciudades de la frontera norte de nuestro país.

Las estadísticas del INM dan cuenta acerca de estos procesos de repatriación con base en el citado memorándum: cerca de 50 por ciento de los actos anuales ocurridos entre 2004 y 2010 se concretaron en las ciudades de Tijuana, Baja California, y Nogales, Sonora.

En ese lapso, Tijuana registró más de 150 mil repatriaciones por año. En lo que va de 2011 van 322 mil deportaciones. Tijuana ha recibido casi a 65 mil connacionales; le siguen Mexicali, Nogales y Nuevo Laredo, con 51 mil, 45 mil y 39 mil, respectivamente.

Como se difundió (La Jornada, 9 de agosto de 2010), de los mexicanos devueltos por autoridades migratorias de Estados Unidos, 35 mil 779 afirmaron que fueron detenidos en sus trabajos u hogares (en 2005 sólo fueron 8 mil 146).

Además, 52 mil 835 fueron devueltos sin sus familiares (en 2004, ese indicador se ubicó en 18 mil 714 mexicanos), según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte.

A escala general, las agencias estadunidenses destacaron en sus informes que el año pasado alcanzaron un cifra récord de casi 393 mil personas deportadas, de las cuales 72 por ciento fueron mexicanos. Para el gobierno federal es preocupante que sus homólogos argumenten que estos operativos tiene como fin remover a un mayor número de criminales extranjeros. Para el Departamento de Seguridad Nacional, son antecedentes criminales incluso las faltas administrativas.

Además de la ruptura de familias y otras redes comunitarias, al ejecutar abruptamente las deportaciones, la oleada de expulsiones de quienes tienen antecedentes penales representa también una preocupación para el gobierno mexicano, por el impacto que las repatriaciones colectivas traen aparejadas en la ya de por sí violenta frontera norte.

El problema con las repatriaciones, explicó, no ocurre sólo con base en cuántos llegan o a qué ritmo lo hacen, sino también cómo se incorporan al tejido social en las ciudades fronterizas o en el interior del país.

Por lo pronto, autoridades de los tres niveles de gobierno han tenido que coordinar acciones para determinar qué harán con el nuevo perfil de las deportaciones, especialmente para comunicar a los migrantes con sus familiares en ambos países y, en muchos casos, dotarles de documentos de identidad oficial.

Como muchos de los connacionales han pasado incluso varios lustros en Estados Unidos, deben tramitar su registro al sistema de salud y, en su caso, integrarse a actividades productivas.

Ante ésto, la Secretaría de Gobernación pide también la colaboración de la sociedad para que, junto con las autoridades, se proteja a los repatriados y se les facilite el acceso a los servicios a los que, como mexicanos, tienen derecho.